El viejo frente del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía por las naves de Colecor vuelve a activarse. El motivo de discordia es el nuevo plan municipal para legalizar las naves, aprobado el 18 de junio por la Gerencia de Urbanismo —con el apoyo de IU, PP y PSOE—, sobre el que la Delegación de Obras Públicas en Córdoba mantiene un rosario de discrepancias técnicas, entre las que sobresalen dos «deficiencias» clave: en primer lugar, la superficie a derribar de las instalaciones construidas sin licencia por el empresario Rafael Gómez junto a la antigua cooperativa lechera, y, en segundo lugar, el uso de almacén de venta al por mayor que prevé darle el propietario de Arenal 2000.
Sobre el primer aspecto, según se desprende del informe de la Delegación de Obras Públicas, al que ha tenido acceso ABC, los 15.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento accede a derribar para dar visos de legalidad a las naves (que ocupan más de 40.000 metros) son claramente insuficientes. A juicio del departamento que dirige Francisco García, el límite de la huella de los usos industriales preexistentes históricamente obliga a tirar al menos la mitad, en concreto unos 7.000 metros más, siempre que se den por buenos los criterios del plan municipal, que amplió el ámbito territorial donde se permitían usos industriales —que incluye el viejo edificio de Colecor, la instalación aledaña de Agrogás y parte de Repsol— hasta los 136.342 metros cuadrados. La Junta considera «injustificado» esta superficie y nivel de ocupación, y subraya que «es muy superior al ocupado históricamente por las actividades industriales reconocidas por el PGOU». Con menos superficie del ámbito, habría que tirar más naves.
Con este truco, Urbanismo se aseguraba que la superficie a derribar de las naves fuera inferior, al fijar un límite de ocupación del 21 por ciento del total del plan. En el documento anterior, que fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras un recurso de la Consejería de Obras Públicas, esa extensión se situó en 100.000 metros cuadrados. De acuerdo con estos guarismos, el parámetro del 21 por ciento obligaría a prescindir de 15.000 metros, según el cálculo municipal. Pero la Delegación apunta que, en rigor, ajustándose a las directrices que marca el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), habría que tirar unos 22.000 metros cuadrados (16%) de los 44.000 aproximadamente que suman las naves ilegales, las oficinas de Arenal 2000 y Agrogás.
El informe autonómico advierte de que la industria de almacenaje que planea Gómez, y que permite el plan municipal, requiere «un gran consumo de suelo» que no está justificada y «contradice» el PGOU, que es un instrumento de planeamiento de rango superior y que tendría que ser modificado mediante un plan de innovación para buscarle encaje legal.
La Delegación basa su rechazo en dos argumentos: por un lado, expone que la «alteración del uso» no puede suponer una mayor transformación del suelo que, para mayor inri, está catalogado como de especial protección de la Vega del Guadalquivir y está cerca de los terrenos afectados por el plan especial de Medina Azahara. Añade que el almacén de venta al por mayor es incompatible «con los usos urbanos residenciales e industriales», dada su cercanía a la ciudad, y recuerda al Consistorio que justo enfrente hay suelo urbanizado disponible para este tipo de actividades ligadas al futuro Centro Logístico de Transporte de Mercancías.
Seis alusiones al fallo
Llaman la atención las reiteradas referencias que hace el responsable provincial de Obras Públicas a la sentencia que anuló a principios de 2008 el plan aprobado por el Consistorio en enero de 2006, con Rosa Aguilar de alcaldesa. Hasta seis alusiones hace el informe de cinco páginas al polémico fallo, lo que contrasta con el hecho de que de la ex regidora sea la actual consejera de Obras Públicas, quien tendría en su mano volver a recurrir a los tribunales el plan si no se subsanan las deficiencias detectadas.
Por su parte, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, su presidente, Francisco Tejada, afirmó ayer que va a mantener su criterio en cuanto a los usos y nivel de ocupación del denominado Plan Especial de la Carretera de Palma. A pesar de las discrepancias técnicas, dijo que el informe no es negativo y se corregirá en función de la sentencia del TSJA de 2008.
