Por muy tensa que esté la cuerda entre el Ayuntamiento y la Junta a cuenta del plan municipal que dará cobertura legal de las naves de Colecor, no hay temor de que se rompa. Aunque el informe de la Delegación de Obras Públicas deja claro que el documento aprobado por el Consistorio en junio está plagado de «deficiencias» que debe subsanar, aunque la propuesta de derribar sólo 15.000 de los más de 40.000 metros cuadrados de las naves sean, a su juicio, insuficientes y pida que se tire, al menos, la mitad, y aunque el uso de éstas como almacén de venta al por mayor no tenga encaje en el Plan General, el PSOE, por boca de su secretario provincial y alcaldable, y a través de la propia consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, subrayó ayer que el informe de la discordia no es vinculante e hizo continuas alusiones a la autonomía municipal para aprobarlo, pese a los reparos de la Administración autonómica.
Aun después de conocer estas discrepancias técnicas por la Prensa —confesó que no ha leído el informe—, el líder de los socialistas cordobeses, Juan Pablo Durán, aseguró a los periodistas que el derribo de los 15.000 metros cuadrados de naves construidas ilegalmente cuando Aguilar era alcaldesa de la ciudad, es «ejemplarizante». «Sean cuales sean las cifras, estamos hablando de 800 a 1.000 metros cuadrados, es la mayor proporción de derribo de cualquier cosa construida en España para restaurar la legalidad», afirmó. Dicho esto, precisó una y otra vez que el informe autonómico «no es vinculante y el Ayuntamiento tiene plena autonomía para hacer lo que crea mejor y debe aplicar el criterio que crea conveniente». El candidato del PSOE indicó que la Junta «no tiene ningún conflicto con el Ayuntamiento» por este asunto y coincidió con Aguilar y el alcalde, Andrés Ocaña, en su deseo de zanjar cuanto antes esta «polémica».
Así que en el caso de que el Ayuntamiento haga caso omiso a las advertencias autonómicas y continúe con la tramitación, tampoco la Junta va a plantar batalla judicial, como sucedió hace cuatro años cuando recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el plan municipal anterior, que fue tumbado por una sentencia en enero de 2008.
Se aleja la vía judicial
Si cabía alguna duda al respecto, la propia ex alcaldesa se encargó ayer de despejarla asegurando, en declaraciones a Europa Press, que hasta tanto el Ayuntamiento apruebe definitivamente el plan —que ha obtenido ya el visto bueno provisional del PP, IU y PSOE—, «la Junta nada tiene que hacer ni decir». Además, abogó por utilizar la vía diplomática para resolver las discrepancias, con su clásica apelación al diálogo, en lugar de otra más beligerante, como sería acudir a los tribunales. Una opción, quizás, que casaría más con las serias deficiencias que detecta su departamento en Córdoba, que basa buena parte de sus argumentos en el fallo del TSJA que anuló el plan anterior.
Por su parte, el delegado del ramo, Francisco García, aseguró ayer que no se va a manifestar al respecto y remitió al informe presentado. También guardó silencio el portavoz municipal del PSOE, Rafael Blanco, escudándose en que no lo había leído.
Quien sí habló fue el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Antonio Nieto, quien calificó de «sorprendente» que la consejera de Obras Públicas, que impulsó como alcaldesa el Plan Especial de la Carretera de Palma, «se lo cargue ahora» como consejera. «No tiene sentido lo que está haciendo Rosa Aguilar ..., lo que nadie entiende es que lo que antes era bueno, ahora es malo», advirtió.
