El retraso en la ejecución de la Ciudad de la Justicia está obligando a la Junta a apretarse el máximo el cinturón para afrontar el dispendio en alquileres para los órganos judiciales. Un gasto que de existir el anhelado edificio permitiría a la Administración regional ahorrarse unos pocos de millones de euros.
El desembolso que las maltrechas arcas autonómicas tendrán que hacer este año en arrendamientos de sedes para los juzgados alcanza los 903.762,31 euros, según detalló el consejero del ramo, Luis Pizarro, en una respuesta parlamentaria.
El gasto se mantendrá, al menos, hasta 2014, fecha en la que se prevé que esté listo el edificio de Arroyo del Moro que concentrará todas las dependencias judiciales. En estos momentos, está pendiente la fase de supervisión del proyecto y se ha preparado la documentación para iniciar el expediente de contratación de las obras mediante fórmulas de colaboración público-privada.
A tal efecto, la Junta ya ha solicitado al Ayuntamiento la licencia de obras, que está en trámite de concesión. «Una vez iniciadas las mismas, se prevé un periodo de ejecución de 36 meses. Cuando estén terminadas y recepcionadas, se pondrá en funcionamiento el nuevo edificio», dijo Pizarro. Esta previsión fija la apertura del complejo para dentro de cuatro años.
Mientras tanto, las rentas siguen restando fondos a la Administración. Entre las sedes más costosas en la capital, figura la de los Juzgados Contencioso-Administrativo 1, 2, 3 y 4, en la céntrica calle Morerías, que asciende a 146.633,40 euros.
Igualmente, la factura se ha visto incrementada este año con las nuevas dependencias del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, habilitadas para completar y mejorar las situadas en la avenida Gran Vía Parque, donde ya se disponía de una superficie de 309 metros cuadrados.
Se trata de un local muy próximo, situado en la avenida del Aeropuerto y de 250 metros cuadrados, donde se ubican ahora las instalaciones destinadas a la actividad forense más técnica, habilitándose además la sala de reuniones y la biblioteca. El gasto anual de este inmueble asciende a 51.128,88 euros.
En la provincia, una de las sedes judiciales más costosas en alquiler es la de Lucena (217.517,14 euros). Hace unos cuatro años se suscribieron los contratos de arrendamiento de un inmueble para la ubicación provisional de la sede de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1, 2 y 3, el Registro Civil y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Partido Judicial de Lucena, así como la administración permanente de la Fiscalía de esta localidad y las dependencias del Instituto de Medicina Legal, con una empresa onubense propietaria de este edificio.
Hasta tanto se construya la nueva sede judicial pública, los servicios propios de la Administración de Justicia estarán situados en la calle San Pedro 43 de Lucena.
Gasto regional
Pese a la elevada cifra de los alquileres, Córdoba no es la provincia que le sale más cara a la Junta en este capítulo de gastos. De hecho, ocupa los puestos de cola, por delante de Huelva, cuyas sedes judiciales le cuestan al gobierno de Griñán 473.156,28 euros anuales.
Así, a la cabeza figura Sevilla, donde la Junta de Andalucía destina este año la friolera de más de 4,5 millones de euros en costear los edificios de sus órganos de Justicia. Como muestra, un botón: sólo en el complejo de Viapol, que alberga veinticinco juzgados de Primera Instancia, los 12 de lo Contencioso Administrativo, los servicios comunes de notificaciones y embargos, la Abogacía del Estado o el Registro Civil o la sala de bodas, se gasta 2.175.517 euros al año. Cabe reseñar a este respecto que la Consejería de Justicia fue denunciada a principios de año por impago del alquiler de esta sede.
La segunda provincia que supone un mayor desembolso es Cádiz (4,2 millones), seguida de Almería (4,06); Granada (1,6); Málaga (1,6 millones) y Jaén (1,5).
La Consejería de Justicia gasta en la capital de la Costa del Sol, además, 703.447 euros en la sede de la Delegación de Gobierno, los servicios de Protección Civil, y de Juego y Espectáculos Públicos, y en dos centros de reforma juvenil.
Lo mismo sucede en Granada, donde suma 20.937 euros de garajes a su factura anual de arrendamientos.
En coste total en alquiler de sedes judiciales en Andalucía al año es de 19.028.342,44 euros. Una cantidad que no sería necesaria si estuvieran en marcha las ciudades de la Justicia, ya que hoy por hoy sólo funciona la de Málaga.
En Córdoba, el proyecto arrastra más de nueve años de trámites. Nadie supuso en febrero de 2001, cuando se incluyó en el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Junta, que la puesta en marcha de la flamante sede acarrearía más de un dolor de cabeza a las administraciones local y autonómica.
Los principales problemas surgieron con la elección del lugar que albergará el edificio. Urbanismo presentó en abril de aquel año cinco propuestas de localizaciones para la Ciudad de la Justicia, entre las que la antigua residencia Teniente Coronel Noreña se erguía como la favorita.
En seguida, la por entonces alcaldesa y hoy consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, se puso manos a la obra para desafectar de los usos sanitarios a la residencia y hacer realidad el proyecto. Sin embargo, un año después la Junta comenzó a plantearse la idoneidad de Noreña y, finalmente, en octubre de 2002 convino su demolición para construir un centro de salud.
A partir de entonces, el proyecto se quedó inconcluso. Durante diciembre de 2003, la Junta comenzó a estudiar tres alternativas municipales: Arroyo del Moro, Tablero Bajo y Parque Cruz Conde, además de la futura Ciudad de Poniente.
Fue en 2004 cuando, por fin, se apostó definitivamente por Arroyo del Moro, si bien la Ciudad de la Justicia tuvo que superar un nuevo bache: los retrasos en la cesión de la parcela.
Ahora, el recinto parece avanzar, aunque todavía sólo se trata de una realidad sobre los planos.
