Desde diciembre de 2004 a junio del presente ejercicio, el número de efectivos de la Guardia Civil en Córdoba se ha incrementado en 346 agentes, al pasar de 947 a 1.293. Significa que la provincia es, a nivel regional, la que menos ha aumentado la dotación policial en ese periodo, según datos hechos públicos por el Gobierno.
En el polo opuesto se encuentran Sevilla, Almería y Cádiz, que encabezan la lista con 677, 597 y 563 uniformados más, respectivamente.
Computando los datos generales, en esos seis años, los recursos de la Benemérita disponibles en la Comunidad Autónoma crecieron en 3.848 efectivos.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado, en más de una ocasión, un aumento del número de efectivos, criticando las medidas que, a veces, se han adoptado para frenar cualquier repunte delincuencial.
Así, reprueba iniciativas como modificación de horarios de trabajo, aumento del número de servicios pero sin incrementar las horas, reducción y fraccionamiento de los periodos de descanso, es decir, todas ellas perjudiciales para los guardias civiles destinados en los puestos de seguridad ciudadana —sobre todo para la conciliación de la vida familiar y laboral—.
El delegado del colectivo en Córdoba, Alfonso Carrasco, afirmó que, además de los efectivos operativos en la provincia, «al menos un centenar está de prácticas. Y ni con ellos se cubre el catálogo de puestos de trabajo», manifestó.
«Desde el Gobierno siempre se justifican asegurando que Córdoba es una ciudad mucho más segura que otras andaluzas; y tienen razón, pero que falta personal es una realidad que se ve en la calle», criticó Carrasco.
El delegado de AUGC puso como ejemplo que «en ocasiones, tan sólo hay una pareja encargada de vigilar los municipios comprendidos entre Alcolea y Villa del Río. Esto fue lo que sucedió precisamente la pasada noche del 16 de agosto, cuando se registraron las inundaciones de Bujalance».
Menos multas
La falta de efectivos, unida a la «injusta» e «indigna» jornada laboral, según Carrasco, y los recortes salariales aprobados recientemente por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, han provocado que los agentes de la Benemérita estén optando por no interponer denuncias de oficio en la provincia.
Carrasco fue contundente al afirmar que es necesario que el Gobierno cumpla la ley que aprobó hace tres años con el objetivo de «modernizar» el Cuerpo, pues, después de 22 años de reivindicaciones, los agentes no han avanzado en derechos ni han conseguido ser equiparados laboralmente a la Policía Nacional, que es «nuestro Cuerpo hermano».
El delegado provincial de la Asociación de Guardias Civiles denunció así que los agentes trabajan de media unas 22 horas más que los policías nacionales al mes. Esto unido a la falta de plantilla estaría provocando que «la gente esté muy quemada», sentenció.
