Entre la maraña administrativa y judicial del «caso Colecor» habita un recurso que está frenando más de lo querido por IU, Rosa Aguilar y una parte del PSOE la salida definitiva para las naves ilegales de Rafael Gómez pactada con el empresario de Cañero. Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló mediante una sentencia del 31 de enero de 2008 el primer plan especial Carretera de Palma del Río , donde se insertaba la salida legal a las dependencias comerciales levantadas en 2005, Gómez decidió recurrir ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación dicho fallo.
Esta sentencia se producía apenas dos semanas después de que el Pleno aprobara gracias a IU y PP el proyecto de actuación de las naves, siguiente figura del planeamiento urbanístico para que su almacén de mercancías varias de venta al por mayor consiguiera la ansiada licencia. Unos permisos que a esas alturas la Gerencia de Urbanismo que presidía el actual alcalde Andrés Ocaña ya estaba tramitando. Sin embargo, el zarpazo del TSJA cortó en seco las aspiraciones de Gómez y el gobierno de Rosa Aguilar y alentó el propósito de Obras Públicas, entonces bajo la batuta de Concepción Gutiérrez, de frenar en seco la legalización de esta severa infracción.
Los argumentos esgrimidos por los abogados de Rafael Gómez ante el Tribunal Supremo se apoyaban en la jurisprudencia que indica que la anulación de una disposición de carácter general (plan especial en este caso)no implica que no tengan validez los actos desarrollados para la ejecución del mismo. Es decir, aunque el plan especial (disposición general) se había anulado, el proyecto de actuación (acto desarrollado para la ejecución del anterior), instrumento urbanístico que regula la zona concreta de Colecor y que se aprobó dos semanas antes del fallo del TSJA, no debería suspenderse (así como tampoco las licencias de obra y apertura que emanan del mismo).
Es entonces cuando cunde cierta preocupación en el PSOE —por entonces Juan Pablo Durán era número dos en Córdoba— y la Junta, que contempla cómo Gómez llega al Supremo con esta tesis sobre la que hay jurisprudencia y es cuando Obras Públicas recurre ante el Alto Tribunal andaluz el proyecto de actuación, sobre el que le acabará dando la razón. Pero el recurso del Supremo aún está por resolverse y su resolución favorable a la tesis de Rafael Gómez podría tener sus efectos sobre todo el trámite urbanístico que hay ahora mismo abierto en el Ayuntamiento. Incluso para la famosa multa de 24,6 millones que está en fase de cobro ejecutivo por el Área de Hacienda.
En parte del grupo municipal socialista este fleco ha hecho saltar todas las alarmas y buscan el refrendo jurídico de la secretaria general para aclarar si en caso de lograr su objetivo Gómez se invalidaría el actual plan especial que prevé el derribo de 15.000 metros cuadrados de los más de 40.000 de las naves y su regularización como almacén mayorista. ¿Qué plan sería el válido...? Hay un problema, para solicitar a la secretaria general un informe, el grupo político debe contar con un tercio de todos los ediles de la Corporación. Éste no es el caso, por lo que la presión se multiplica, máxime, cuando estas «dudas jurídicas», como confirman fuentes socialistas, no son compartidas por el candidato a las municipales y cuando el papel de la secretaria se podría haber estado relegando.
IU ya tiene preparado el informe definitivo para aprobar el plan especial y que apenas se mueve pese a los reparos de la Junta en cuanto a los usos y las superficies reguladas para las naves en suelo no urbanizable de especial protección. Ocaña necesita los votos del PSOE ante una más que previsible abstención del PP, pero en las filas socialistas, que han hecho de este asunto el eje de una dura oposición entre 2003 y 2007 y al que se han opuesto hasta ahora, no termina de verse clara la resolución del entuerto.
Aunque IU anunció que estaría todo aprobado hace unas semanas, los plazos se van demorando. Es probable que a lo largo de esta semana se fije un consejo extraordinario de Urbanismo previo al Pleno de noviembre que lo ratifique.
Argumentos y usos
Pero las dudas no acaban ahí. La negativa de Urbanismo a asumir los reparos de la Junta exige, aunque no es un informe, el autonómico, vinculante, a juicio de la secretaria una justificación municipal más que sólida de por qué ese rechazo. No parece que Urbanismo haya puesto mucho esmero en ello, según las informaciones recogidas por ABC. El anuncio de un propietario de terrenos en el ámbito del plan especial de llevar ante el TSJA el plan que impulsa Urbanismo, a tenor de las críticas de la Consejería de Obras Públicas, añade más incertidumbre.
Y existe una tercera zona sombreada que instiga aún más la división interna que reina en el PSOE. Para algunos ediles es más que discutible el hecho de que sea en el plan especial cuando se fije el uso de almacén para venta al por mayor para la zona de Colecor, un aspecto que entraría dentro del acuerdo que Ocaña, Aguilar, Durán y hasta el propio Gómez podrían haber urdido para zanjar el espinoso tema de cara a los próximos comicios, agilizando su regularización.
