Sólo resta ponerle cifras a la multa. Pero ya es seguro que el alcalde de Luque, el socialista Telesforo Flores, va a ser sancionado por haber comprado en 2003 una vivienda protegida en la capital que no ocupa —vive en su pueblo, donde está empadronado, como él mismo reconoció a ABC— y que adquirió, con autorización de la Junta, a pesar de que ya era dueño de otro piso de renta libre en Córdoba.
A raíz de que ABC destapara el caso, la Delegación Provincial de Obras Públicas abrió una investigación reservada —lo que se conoce como diligencias previas— con el objetivo de «averiguar» si utilizaba el inmueble que adquirió en pleno «boom» inmobiliario a la promotora Convisur, que está situado en una zona emergente de la ciudad próxima a Arroyo del Moro. Una vez que fueron escuchadas todas las partes, incluido Flores, que tuvo oportunidad de defenderse, la Junta ha dado por terminadas las pesquisas preliminares. Con la investigación ya en marcha y acuciado por las críticas que le llovieron desde IU y PP, pero también desde su propio partido, el regidor luqueño presentó, a principios de abril, su dimisión como presidente la promotora pública de viviendas de la Diputación de Córdoba, Provicosa.
Maraña normativa
Los técnicos de la Junta entienden que «hay motivos para abrirle un expediente sancionador», según ha informado el delegado de Obras Públicas, Francisco García. «Ahora hay que ver qué tipo de sanción se fija, es decir, qué cuantía tiene», que será acorde con la infracción cometida y se da por hecho que no supondrá la devolución del piso que pagó al contado. Las viviendas protegidas están orientadas a familias que tienen dificultades de acceso a un inmueble en el mercado libre, pero eso no le supuso a Flores ningún impedimento legal para adquirirlo.
Según explicaron desde la Administración autonómica, la ambigua maraña normativa que en el momento de la compraventa estaba en vigor —que data de 1978— le permitiría adquirir el piso, pero no financiarlo con préstamos, como habitualmente hacen los adjudicatarios de viviendas públicas. Flores pagó por ello al contado los 74.315 euros que costaba y la Junta le denegó la posibilidad de subrogarse a los préstamos preferentes o a las ayudas públicas, pese a que él las solicitó, porque ya poseía otro piso en la ciudad desde 1987.
Resuelto este escollo, la compra pasó todos los filtros públicos. Cuestión distinta es el trasfondo ético que planea sobre el hecho de haber comprado una VPO alguien que, por su renta —cobraba 32.605 euros al año como funcionario de la Diputación— y patrimonio, tenía capacidad económica para adquirir una de renta libre.
Pero Flores cometió un fallo por el que va a ser sancionado. Se olvidó del precepto legal que asumió al formalizar la escritura de la VPO: la obligación de ocuparla tres meses después de la entrega de las llaves. El propietario debe convertirla en su vivienda «habitual y permanente». Y la Junta está obligada a verificarlo si tiene fundadas sospechas de que no está siendo usada para tal fin. Él ya lo había dejado claro semanas antes en ABC: «Mi domicilio está en Luque, donde estoy empadronado y soy alcalde».
