La Delegación de Obras Públicas de la Junta ha decidido sancionar al alcalde de Luque, Telesforo Flores (PSOE), por incumplir uno de los principales requisitos que se exige a los adjudicatarios de una VPO: que la conviertan en su vivienda «habitual y permanente». Flores reside en otra casa de tres plantas que tiene en Luque, donde está empadronado, y en el momento en el que compró el piso protegido (2003), situado cerca de Arroyo del Moro, ya era dueño de otra vivienda en la capital cordobesa desde 1987.
Por todo ello, tanto PP como IU consideran que la sanción económica —cuya cuantía está por definir— es insuficiente y que lo razonable es que devuelva la VPO quien también fuera presidente de Provicosa, la promotora pública de viviendas de la Diputación de Córdoba. Flores dejó este cargo en abril pasado, varias semanas después de que ABC destapara el caso, y después de comparecer en el Pleno de la institución provincial para dar explicaciones ante el alud de críticas que le llovieron desde la oposición y algunas voces internas del PSOE que también censuraron su comportamiento.
La apertura de un expediente sancionador por parte de la Administración autonómica, avanzada ayer por ABC, ha reabierto la espita de la polémica. Lo que está en discusión es si es ético que Flores retenga la propiedad cuando no cumple el perfil ni los requisitos de un comprador de VPO, dado que estos inmuebles están orientados a familias con escasos recursos que no tienen capacidad económica para adquirir uno en el mercado libre.
El regidor luqueño pagó al contado los 74.315 euros que le costó después de que la Junta le denegara la posibilidad de subrogarse a los préstamos preferentes y a las ayudas públicas de las que gozan la mayoría de los adjudicatarios, puesto que ya poseía otro piso en la zona de Santa Marina.
El portavoz del PP en la Diputación, Luis Martín, afirmó ayer que Flores «debe devolver el piso protegido», para que sea vendido a una familia que sí cumpla los requisitos. Precisó que «la Junta puede ejercer el derecho de tanteo y retracto, teniendo en cuenta la gran afluencia de cordobeses que demandan una VPO en la ciudad». «Ésta sí que sería una salida digna, con independencia de la sanción pecuniaria», apostilló.
A este respecto, el diputado provincial del PP recordó que el regidor socialista «vive en Luque y sigue teniendo una VPO que no habita». Por ello, le exigió que presente su dimisión de todos sus cargos —sigue siendo vicepresidente tercero y responsable provincial de Infraestructuras— al «no haber actuado conforme al derecho».
IU estudiará pedir su cese
Desde el grupo de IU en la Diputación, su portavoz, Elena Cortés, coincidió en que Flores «debería restituir el daño» y entregar la vivienda, toda vez que se está utilizando para unos objetivos que no son los que marca la ley que regula la VPO, es decir, que sea destinada a vivienda habitual y permanente. Cortés, que criticó «la falta de control» de la Consejería una vez que los inmuebles se asignan, consideró que debería readjudicarse a alguien que sí la necesite o, de lo contrario, solicitar su descalificación como vivienda protegida —para lo que existe un plazo estipulado—.
La también edil de IU en la capital indicó que cuando trascienda la sanción impuesta, su grupo no descarta pedir su cese. Además, cuestionó que la teniente de alcalde de Luque Felisa Cañete adquirió un piso en la misma promoción que su regidor, donde tampoco vive, y «que sepamos no se le ha abierto ningún expediente».
Fuentes del gobierno socialista de la Diputación, por su parte, aseguraron ayer que no iban a hacer valoraciones sobre la sanción, porque la compra no fue ilegal y en el momento de hacerla Telesforo Flores no estaba aún al frente de Provicosa.
