El requerimiento presentado por el Cabildo Catedralicio de Córdoba ante el Banco de España pidiendo la suspensión de la asamblea fijada por el FROB para Cajasur el próximo 23 de noviembre en la que se aprobaría la cesión de activos a BBK incluye una reclamación patrimonial de, al menos, 20 millones de euros, según ha podido saber ABC de fuentes de toda solvencia.
Como ya es sabido, el Cabildo pide en su escrito, que ya está estudiando el órgano supervisor, ser oído en el proceso de cesión de activos, que se anule por ello la asamblea fijada y que pueda ejercer sus derechos fundacionales en base a la Constitución, la legislación administrativa y hasta el propio Acuerdo Estado-Santa Sede de 1979, que blinda con el Gobierno el uso benéfico-social del patrimonio eclesiástico en sus fundaciones en caso de liquidación o supresión. En definitiva, considera que se han producido irregularidades en el procedimiento de reordenación y reestructuración de la entidad tras su intervención el 21 de mayo por parte del FROB. Si se ha de liquidar la caja, casi como una expropiación, dar su sitio al «propietario» para que contraste su valoración y el patrimonio neto positivo o negativo que hubiere.
En este sentido, y según la información que ha podido recopilar este periódico, esos 20 millones están calculados en base a los informes contables elevados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores del primer semestre de 2010 y los balances de la propia Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) que se nutre de las propias entidades. Se confrontan los fondos propios existentes a finales de 2009 (184,2 millones de euros según estos informes) y las pérdidas aproximadas del cierre de mayo (unos 164 millones).
Cierre a fecha de agosto
Es más, la cantidad parece que no sería definitiva y los cálculos del Cabildo podrían ser mayores en cuanto al valor de la caja en el momento de ser intervenida si se tienen en cuenta otras variables como un exceso de provisiones por deterioros y otras más de carácter muy técnico.
Aunque en la nota difundida por el Cabildo en la noche del pasado jueves no se hacía mención a este aspecto, el mismo está dentro de la estrategia jurídica con la que el órgano eclesiástico afronta el tramo final de vida de Cajasur. El FROB basa la cesión de activos en los estados contables de la caja a 31 de agosto, lo cual puede diferir de los números hechos por la Iglesia. Con todo, las fuentes consultadas por ABC apuntan a que el objetivo económico no es el fin único y exclusivo de este movimiento que ha levantado suspicacias. De una parte, el Cabildo se siente maltratado por los administradores del FROB y por el Banco de España, con los que habrían intentado sentarse en dos ocasiones de manera oficial. Bien es cierto que en agosto ya hubo un contacto del actual obispo Demetrio Fernández con los administradores de Cajasur. Y que en las últimas semanas ha podido haber alguno más telefónico, pero sin éxito respecto a la línea de lo que demanda ahora el Cabildo.
Hay que recordar que la Obra Social de Cajasur contaba con un grueso importante de activos propios en forma de centros asistenciales, colegios o edificios que ahora mismo no estarían en sus manos al formar parte del patrimonio de Cajasur. Sea como fuere, la pelota está en el tejado del propio prelado cordobés y el Cabildo Catedralicio, sobre todo, que deben decidir si llegar hasta el final por la vía contencioso-administrativa o, por el contrario, intentar negociar lo que reclaman sin entorpecer la llegada de BBK, con el consiguiente efecto negativo que ello tendría en la opinión pública cordobesa.
