No es habitual que los empresarios y los sindicatos coincidan en sus críticas hacia determinadas políticas gubernamentales. La reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso a instancias del Gobierno es uno de esos casos extraños, aunque ese punto en común se debe a argumentos diametralmente opuestos.
El Índice de Confianza Empresarial, que ayer fue presentado en la Cámara de Comercio, dedica en esta ocasión un apartado especial a analizar el impacto que, en opinión del tejido productivo provincial, puede tener esta nueva normativa. Los resultados son claros. Cerca del 90% de los encuestados defiende que este cambio legislativo no tendrá ninguna consecuencia en lo que se refiere al incremento de la contratación.
Esta opinión generalizada entre la clase empresarial cordobesa contrasta con el «leit motiv» de la reforma laboral impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, quien lleva en los últimos meses explicando en numerosos foros que esta nueva normativa sentará las bases para la reducción de las elevadas tasas de desempleo.
Especialmente negativo se muestra el sector de la construcción, ya que la totalidad de los empresarios que han sido preguntados aseguran que la reforma no ayudará a generar puestos de trabajo. En el lado contrario se encuentran los servicios, puesto que el 13,4% de los representantes de este sector encuestados cree que esta modificación legislativa tendrá efectos positivos en la contratación.
Otro de los puntos fuertes de la reforma, en opinión del Ejecutivo socialista, es que ayudará a elevar los niveles de contratación indefinida en un mercado de trabajo muy marcado por la temporalidad (97% en Córdoba). Tampoco le dan los empresarios la razón a Rodríguez Zapatero en este aspecto, debido a que apenas un 9,2% considera que el nuevo articulado permitirá que haya más trabajadores de carácter fijo. Por su parte, el 18,2% opina que aumentará la contratación temporal.
La postura generalizada entre los patronos es que la reforma laboral se ha quedado a medio camino en relación a sus pretensiones. No en vano, casi el 94% cree que los cambios introducidos son insuficientes para afrontar los problemas estructurales que tiene el mercado laboral. En este caso, los menos entusiastas son las compañías incluidas en el epígrafe de otras industrias, un grupo al pertenecen sectores tan dispares como la joyería, el mueble o el metal. Por el contrario, las firmas agroalimentarias no se muestran tan críticas.
El argumento central de la huelga general del pasado 29-S era que esta normativa suponía un retroceso de los derechos de los trabajadores adquiridos a lo largo de los últimos años, sobre todo en lo que se refería al coste del despido. En este punto hay cierta división de opiniones entre los empresarios. El estudio indica que el 48,6% considera que los artículos del texto relativos al despido permitirán que pueda aplicarse este proceso de una forma más efectiva. El sector servicios es el que se posiciona más claramente a favor. En este sentido, el índice revela que durante el primer semestre de este año el 36% de las firmas cordobesas se vio obligado a reducir su plantilla.
