«El Cabildo tiene derecho». Esta frase resume la opinión de todos los sectores empresariales consultados por este periódico a cuenta de la decisión del órgano de la Iglesia fundadora de Cajasur para pedirle al Banco de España que suspenda la asamblea de la entidad financiera prevista para el 23 de noviembre y en la que está previsto que se apruebe la cesión de activos y pasivos a BBK, la nueva propietaria de la caja cordobesa. El Cabildo, tal y como ha publicado ABC, reclama al menos 20 millones de patrimonio de Cajasur, que en su opinión corresponden al excedente entre los fondos propios y sus pérdidas a fecha del pasado mayo, cuando fue intervenida.
En este sentido, el ex vicepresidente segundo de la entidad, Fernando Cruz Conde, declaró ayer a este periódico que la citada decisión del Cabildo «no cambia en nada el proceso de adaptación de Cajasur a la nueva etapa que se ha abierto tras la intervención del Banco de España, la gestión que ha hecho el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el papel que van a jugar los gestores de BBK». El también vicario general de la Diócesis añadió que cuando se intervino Cajasur la entidad financiera tenía un valor positivo en el mercado. «Lo que estamos pidiendo —dijo— es que se suspenda la asamblea y que nos digan cuáles son los criterios que se han tomado a la hora de valorar a Cajasur; tenemos derecho a ser oídos».
Para Cruz Conde, una de las principales motivaciones de la solicitud de suspensión de Cajasur es que «tenemos la obligación de cumplir con 150 años de historia y mirar por una obra social que ha tenido una importancia muy grande en nuestra ciudad y en nuestra provincia». El canónigo precisó en una entrevista emitida ayer por Radio Córdoba que sus argumentos están amparados en consultas a letrados de amplia experiencia, y citó a Santiago Muñoz Machado como uno de los especialistas que ha asesorado al Cabildo. Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Fundación Delgado Vizcaíno.
Fernando Cruz Conde matizó que «es injusto poner toda la responsabilidad de las pérdidas en el consejo de administración de Cajasur, porque hemos vivido una situación de crisis importante, que no fue prevenida ni por éste ni por los gobiernos anteriores, que deberían de haber visto que el modelo de desarrollo español estaba agotado».
La opinión de los principales colectivos empresariales de la provincia respalda la postura del Cabildo. Un ejemplo lo constituyen las declaraciones realizadas ayer a ABC por el presidente de la Asociación de Fabricantes y de Servicios de Córdoba (Asfaco), Miguel Ángel Tamarit, que recalcó que «todos estamos legitimados a defender nuestros derechos, y éste será un tema que tendrán que resolver entre el Banco de España y el Cabildo». Al tiempo, Tamarit manifestó que «no se pueden poner más piedras en el camino de Cajasur ni se debe afectar la productividad de la Caja». «Es hora —aseguró— de que la Caja tenga poder crediticio para las empresas y de que cumpla su misión al servicio de la ciudadanía y de las empresas». Tamarit advirtió, con todo, que «ahora no es el momento de volver atrás, porque el que pida sus derechos ha de tener presente que ya tuvo tiempo para no pedir la intervención». Y concluyó con una petición expresa: «Solicito a quien corresponda que no nos tenga en un paréntesis y se faciliten los créditos a las empresas».
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Marisol Chacón, señaló en declaraciones que «si le corresponde por ley, es bueno que el patrimonio del Cabildo siga ligado a Córdoba: las cosas pasan porque pasan, pero los últimos cartuchos hay que gastarlos». Chacón enfatizó que «por mucho o poco que se retrasen, ya da igual, no va a cambiar mucho más la situación», en referencia a la toma de mando de BBK en Cajasur.
De otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio Fernández de Mesa, sostuvo ayer que desconocía los números de la caja cuando fue intervenida, pero que en cualquier caso, «el Cabildo tiene todo la legitimidad del mundo para ejercer cualquier tipo de acción civil para que sean resarcidos sus derechos, si es que cree que se han vulnerado».
«Un peso importante»
En este mismo sentido, al delegado provincial de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en Córdoba, José Luque, le pareció «lógico» que el Cabildo catedralicio defienda su papel porque «tiene un peso importante de Cajasur, y si considera que ha sido infravalorado su papel debe de defender su postura, y ejercer, en consecuencia, sus derechos». Luque, colaborador semanal en las páginas de opinión de ABC, aseveró que «no sé si estas dilaciones perjudicarán a Córdoba, aunque creo que no».
De otro lado, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Juan Villalba, subrayó que «todos tenemos derechos, y si el Cabildo considera que se han lesionado sus derechos, lo que tiene que hacer es defenderlos y reclamarlos donde considere oportuno que hay que defenderlos».
Aspromonte evitó ayer pronunciarse sobre las nuevas perspectivas que se abren en Cajasur, pero fuentes próximas a este sindicato, mayoritario en la caja de ahorros cordobesa, pusieron de manifiesto que el movimiento de ficha del Cabildo les ha cogido «por sorpresa» y llega antes de que hayan comenzado a negociar con BBK la nueva etapa laboral.
