Rafael Gómez rompe la baraja y tira por la calle de enmedio en el caso de las naves de Colecor. El supuesto pacto que se viene invocando desde hace meses entre el empresario, IU, el alcaldable socialista Juan Pablo Durán y la ya ex consejera de Obras Públicas Rosa Aguilar para regularizar su almacén sin licencia a cambio de retirar el recurso de casación que presentó ante el Tribunal Supremo cuando el TSJA le anuló el primer plan especial Carretera de Palma del Río en 2008, parece que no se cuadrará a la perfección.
El gobierno local le había dado de plazo a Gómez hasta ayer a las 15.00 horas para que presentara en Capitulares un escrito que certificara su renuncia a seguir con el recurso ante el Alto Tribunal. De este modo, IU y PSOE disipaban la inseguridad jurídica creada por el mismo, ya que podría darse la circunstancia de que al aprobar el nuevo plan especial Carretera de Palma del Río, habría dos planes vigentes hasta tanto resolviera el Supremo (a favor o en contra de los intereses del empresario): el anulado por el TSJA, de 2006 y el que se dictaminó el pasado 19 de manera favorable por Urbanismo con la abstención del PP.
Si Rafael Gómez hubiera presentado el escrito, el canal administrativo estaba preparado con alfombra roja: en el próximo Pleno del 4 de noviembre, el orden del día incluiría el plan especial Carretera de Palma del Río que prevé la demolición de 15.000 metros cuadrados de sus naves (más de 40.000 metros cuadrados) así como la posibilidad de usarlo como almacén de distribución al por mayor y permanecer en un suelo no urbanizable de especial protección de Vega, cuestiones rechazadas de plano por la Delegación provincial de Obras Públicas en un informe preceptivo pero no vinculante.
Y lo mejor de todo, IU y PSOE, especialmente, se libraban de un turbio asunto que lleva rodando cinco años y le ha pasado factura tanto a unos como a otros, que era uno de los objetivos del pacto alcanzado hace unos meses con Rosa Aguilar como estilete del mismo, hoy ya en el Ministerio de Medio Ambiente.
Sin embargo, una reunión de Rafael Gómez con varios de sus asesores jurídicos en la tarde del pasado miércoles declinó la balanza al lado que menos se esperaba, puesto que, a priori, parece que el nuevo plan especial, amén de hacerle un traje legal a la medida de las naves, podría acortar los plazos para regularizar y aliviar, de forma indirecta, la multa de 24,6 millones de euros que sigue tramitándose ya por vía ejecutiva de cobro —aunque el presidente de la Gerencia de Urbanismo no ha querido desvelar sobre qué bienes afectos de Gómez—.
Durante varias horas, según ha podido saber ABC de fuentes de toda solvencia, los abogados que trabajan en esta línea judicial ante el Supremo y otros asesores que están llevando otros asuntos del mismo caso, contrapusieron aspectos positivos y negativos tanto de la retirada del recurso ante el Alto Tribunal como de la tesis contraria. Finalmente, los asesores convencieron a Gómez de que existen «argumentos jurídicos» de valor para seguir adelante un proceso que puede tener una resolución tardía en cuanto al tiempo, aunque, que duda cabe, siempre tiene el valor añadido de ser una herramienta de negociación valiosísima, ante el callejón sin salida en el que ha entrado solo el cogobierno de IU y PSOE.
Proyecto de actuación
Hay que recordar que la tesis esgrimida en aquel recurso ante el Tribunal Supremo se apoyaba en la jurisprudencia que indica que la anulación de una disposición de carácter general (el primer plan especial aprobado en 2006 e invalidado el 31 de enero de 2008 por el TSJA) no implica que no tengan validez los actos desarrollados para la ejecución del mismo (el proyecto de actuación de la zona de Colecor que fue aprobado catorce días antes del auto del Alto Tribunal andaluz). Así como tampoco, los actos administrativos posteriores: licencias de obras y apertura que emanarían del mismo y que se empezaron a tramitar por Urbanismo cuando estaba presidido por el actual alcalde Andrés Ocaña cuando llegó el varapalo del TSJA.
Ese auto del TSJA no entró en el fondo del ámbito de Colecor, aunque sí lo tocó tangencialmente en cuanto a posibles usos y edificabilidad respecto a lo que dice el PGOU. Fuentes del entorno de Rafael Gómez creen que si éste obtuviera el favor del Supremo, no tendría que derribar nada y podría desarrollar incluso ese proyecto de actuación anterior, invalidando, por otro lado, el trabajo urbanístico que ahora se ha hecho en pos de dar una salida a las naves aun con el derribo de una parte.
Lo cierto es que esta decisión se torna una patata hirviendo en las manos de IU y PSOE, que deberán mover ficha tras dictaminar sólo de manera favorable en Urbanismo el nuevo plan, lo cual no tiene valor real.
