A nadie le ha pillado por sorpresa el anuncio que hizo ayer el titular de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, sobre el retraso en la puesta en marcha del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, que permitirá las guardias de 24 horas, y que no entrará en funcionamiento hasta junio de 2011.
Después de un mes evitando contar lo que era un secreto a voces, a la Junta, apremiada por la oposición, sindicatos y operarios jurídicos, no le ha quedado más remedio que hablar, aunque, eso sí, no pronunció la palabra «retraso», sino «reprogramación».
Según manifestó Pizarro, «lo que estamos haciendo es ajustar los plazos a los presupuestos», a lo que añadió que «tenemos que ser realistas».
Cabe resaltar que el órgano cordobés es uno de los siete que tendrán que esperar, pese a que, en un principio, se iban a crear antes de final de año 15 (trece juzgados más dos plazas de magistrados). «Primero se harán unos y dentro de unos meses acometeremos la puesta en marcha del resto», matizó. Sí empezará a operar en este ejercicio Primera Instancia 11, que permitirá que el Juzgado de lo Mercantil, que ahora compagina sus funciones con el número 9, sea exclusivo.
Órgano necesario
En las centrales sindicales, las palabras del consejero han indignado a sus representantes. El responsable provincial de Justicia de CC.OO., Vicente Baylina, señaló que «no entendemos por qué se discrimina a Córdoba y nos preguntamos dónde está el dinero que se había presupuestado para crear Instrucción 8».
En este sentido, no descartó que se tomen «medidas radicales» contra esta decisión, porque «hablamos de un órganos más que necesario».
En la misma línea se pronunció su homólogo en CSI-CSIF, Diego Díaz, que advirtió que «ya sabíamos que pasaría esto porque hace quince días nos enteramos de que se había echado para atrás la propuesta de alquiler de un inmueble en Periodista Quesada Chacón presentada por la Delegación de Gobernación a la Junta».
Explicó que el hecho de no contar ya con este órgano judicial significa «que se está atentando, en algunas ocasiones, contra derechos fundamentales; por poner un ejemplo, si a una persona la detienen un domingo por una causa leve puede estar, como mínimo, de 12 a 24 horas retenida».
Así, el principal problema que existe en la actualidad es la prolongación de la jornada laboral en el juzgado de guardia. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen instrucciones de entregar al detenido una vez que han acabado sus diligencias, sin tener en cuenta los horarios del juzgado (de 9 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes y de 9 a 13.00 los sábados).
A esto se añaden las peticiones de «habeas corpus», que deben atenderse de inmediato.
Añadió que «además, los trabajadores llegan a trabajar jornadas de 12 horas, puesto que el juzgado de guardia recibe una media de 70 detenidos a la semana».
Desde SPJ-USO, Domingo Castillo, tachó de «tomadura de pelo» la actuación de la Junta. «No hablamos de un capricho, sino de una necesidad imperiosa; los trabajadores se ven afectados y los ciudadanos no reciben un servicio de calidad».
El presidente de la Junta de Personal apuntó que el próximo viernes, 5 de noviembre, se volverá a reunir para acordar las medidas de protesta que se van a adoptar.
Por su parte, el juez decano, Luis Rabasa, señaló que «entiendo» que se está atravesando por una situación económica difícil, pero consideró que la Junta «debería hacer un esfuerzo mayor en Justicia». Sobre las actuaciones que los togados tienen previsto llevar a cabo, Rabasa apuntó que todavía «no se han concretado».
