El Grupo Sánchez-Ramade, primero en Andalucía no cotizado por facturación, presentó el pasado día 22 concurso de acreedores voluntario sobre las tres divisiones que forman Noriega: inmobiliaria, construcción y arrendamiento. La deuda total que alcanzan ronda los 800 millones de euros. El accionista, la familia Sánchez-Ramade, no ha tenido más remedio que presentar esta solicitud ante el juzgado de lo Mercantil de Córdoba, con la finalidad de preservar los otros negocios: informática, electrónica de consumo, cines y automoción-concesionarios.
La presentación del concurso voluntario —una defensa jurídica que tienen las empresas para negociar la deuda que tienen contraída con los acreedores y sin que afecte a otros negocios— es consecuencia directa de la falta de acuerdo en la renegociación voluntaria de la deuda que tiene contraída con BBVA, tras cerrar un acuerdo verbal con el resto de entidades financieras. No obstante, mientras el juez decreta la admisión a trámite del concurso, lo que podría conocerse la semana próxima según fuentes judiciales consultadas por ABC, ambas partes tienen un pequeño margen para seguir negociando in extremis una solución final. Y lo están haciendo. El resultado es cuestión de pocos días.
Meses negociando
Hace algo más de tres meses, Sánchez-Ramade presentó una solicitud de situación pre-concursal para el Grupo Noriega ante la imposibilidad de atender los pagos de proveedores y banca acreedora, como consecuencia de la crisis generalizada en el sector inmobiliario y de la construcción. Esta situación jurídica permite que ningún acreedor pueda solicitar el concurso forzoso y dé tiempo a Noriega a negociar un acuerdo voluntario entre todos los acreedores. Situación que finalizará si el juez admite a trámite el concurso voluntario.
El principio de acuerdo que Noriega había conseguido hasta la fecha con todos sus acreedores —proveedores y sector financiero salvo el BBVA— pasaba por una quita del 40% de la deuda, además de algunos aplazamientos de pago, y un plan de desinversiones. El Grupo Noriega está formado, básicamente, por Edificaciones y Obra Civil, con una deuda cercana a los 70 millones principalmente con proveedores, y por la inmobiliaria Noriega, cuyo endeudamiento se eleva a cerca de 700 millones y es básicamente financiero. Los flecos de la negociación se centran en la valoración de los activos inmobiliarios, la mayor parte de los cuales tendrán que ir vendiéndose, en todo caso, para hacer frente a la deuda de los acreedores.
En el plan de futuro se prevé una redimensionamiento importante de la actividad de Noriega, cuya función principal será dar valor a los activos que ya tiene y vender los que se acuerden. Si no hay un acuerdo final, los acreedores presumiblemente tendrían que quedarse con los activos y provisionar las deudas como pérdidas. Un duro golpe para Córdoba y las entidades.
El Grupo Sánchez-Ramade alcanzaba un volumen de negocio antes de la crisis de entorno a los 700 millones de euros, dando empleo a cerca de tres mil personas en todo el país. Del éxito de la actual negociación en la división inmobiliaria depende, en gran medida, que las otras divisiones pueden seguir su curso normal. Con vistas a un acuerdo pactado sobre Noriega, no se descarta que la familia pueda desprenderse, si la ocasión se presentara, de algunos otros activos no afectos al negocio inmobiliario.
En este sentido podrían desprenderse total o parcialmente, de la empresa de tecnología Diasa —con su filial en Andalucía Diasoft—, o de algunos activos concretos que posee en el sector cinematográfico —Cinesur, salas de exposición—, automovilístico —algún concesionario— y de venta de bienes de consumo informático, desprendiéndose de alguna tienda de Urende o venta de una participación.
Este supuesto de desinversión se contemplaría en una segunda fase y dependiendo de los acuerdos que están encima de la mesa negociadora para evitar el concurso de acreedores. Las participaciones financieras del grupo cordobés, como el 1 por ciento en Iberdrola, están aseguradas a medio plazo.
