Los motores de la economía cordobesa no carburan. La crisis ha dejado el depósito de los principales sectores en reserva y sin síntomas de recuperación a corto plazo. Las cifras que se han ido conociendo los últimos días no parecen ser fruto de la casualidad. Forman una especie de tormenta perfecta de consecuencias imprevisibles, un círculo vicioso de paro creciente, quiebra social e incertidumbre financiera que hace naufragar todos los diagnósticos y previsiones.
Las inversiones públicas, cada vez más escuálidas y dependientes de una iniciativa privada también sacudida por la tempestad económica, no pueden amortiguar el golpe. Las administraciones parecen estar superadas por la gravedad de una crisis que se ha revelado en toda crudeza en un reciente informe del Defensor de la Ciudadanía. Según este estudio, un 31 por ciento de cordobeses subsiste con menos de 586 euros al mes. 247.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza, que llega a ser extrema para 30.000 cordobeses.
A la legión de nuevos pobres se «han alistado» multitud de parados que han agotado las prestaciones y carecen de red de protección social. A finales del tercer trimestre, según la Encuesta de Población Activa (EPA), que se conoció el pasado viernes, 118.000 cordobeses declararon estar en paro. La cifra eleva la tasa de desempleo al 31,22 por ciento —llega al 37,3% en las mujeres—. Hay que remontarse once años atrás para encontrar un guarismo parecido en la provincia, que se ha quedado descolgado —al igual que Andalucía— de la bajada de demandantes de empleo experimentada en el resto del país. 1
Agricultura, en crisis
Córdoba está pagando con más virulencia que otros territorios el lastre de su excesiva dependencia a los servicios, la falta de un tejido industrial pujante —hasta hace unos años sin suelo disponible— y el importante peso que tiene la agricultura. El campo está atenazado por un futuro incierto —pendiente de la negociación de las ayudas de la Política Agraria Común desde 2014 en adelante— y se ha convertido en una feria de saldos, con precios de los productos más bajos y explotaciones que cada vez cuestan más caro mantener.
En este contexto de falta de oportunidades, hay toda una generación de jóvenes con una formación cualificada y, en muchos casos, universitaria, que ha crecido con la certeza de un paro irremediable.
La tasa de desempleo se ha disparado en torno a un 70 por ciento en el último año entre los que buscan abrirse un hueco en el páramo laboral. La precariedad y la falta de oportunidades han empujado a cerca de 3.000 jóvenes con formación universitaria a emigrar a otras provincias españolas y a países de la Unión Europea desde que estalló la crisis, en busca de mejores condiciones y salarios más altos.
Los planes «anticrisis» puestos en marcha por el Gobierno y la Junta han amortiguado el desempleo en los colectivos más sacudidos por el desplome del ladrillo, pero sus efectos han sido tan efímeros que han dejado la sensación de que se estaban matando moscas de la crisis a cañonazos.
Recortes y Cajasur
En 2011, los severos recortes aplicados en los presupuestos, que afectan de lleno a las inversiones previstas por la Junta, el Gobierno y el Ayuntamiento, impiden continuar con estas medidas. Lo gastado ha sido a costa de entrar en una espiral de déficit y endeudamiento que ha acabado esquilmando las arcas públicas. Y arroja sombras inciertas sobre los gastos del día a día de los servicios, las nóminas y las ofertas de empleo público.
A esta tormenta perfecta de datos pesimistas se une la incertidumbre creada por el proceso de absorción de Cajasur por parte de la BBK, que tiene que resolver un ajuste laboral que se espera que no sea «traumático». A ello se une que la entidad fundadora de la caja ha anunciado que acudirá a la vía contencioso-administrativa si el Banco de España sigue adelante con el traspaso de activos al entender que le podrían corresponder, al menos, 20 millones de euros y no 67 céntimos de euro, como prevé éste.
