Otra prueba superada. El proceso de adquisición de Cajasur por parte de la BBK sigue quemando etapas en el complejo camino iniciado el pasado julio —cuando el Banco de España adjudicó la caja cordobesa a la entidad vasca— y que culminará el 1 de enero del próximo año con la toma de control efectiva por parte de ésta última. Ayer se materializó uno de los pasos administrativos más relevantes: la luz verde por parte de la Comisión Europa a las ayudas públicas otorgadas por España para la reestructuración de la entidad andaluza, así como su venta a BBK Bank (ficha bancaria que acoge el negocio) valorando sus repercusiones en cuestión de competencia del sector.
Lo hizo, además, alabando la forma en la que se ha desarrollado este proceso, ya que «hace frente de forma adecuada a los problemas que condujeron al rescate en mayo de 2010, evitando al mismo tiempo un falseamiento indebido de la competencia». Cabe recordar que el Cabildo Catedralicio de Córdoba —entidad fundadora— ha requerido por escrito al órgano supervisor la suspensión de la asamblea convocada para el día 23 que aprobará la cesión de activos y pasivos a la BBK, y que como avanzó ABC incluye un balance a 31 de agosto de 852 millones en pérdidas con riesgo de insolvencia.
La institución eclesiástica, cuya petición fue rechazada la pasada semana por el Banco de España, cree que en este caso se ha actuado con «arbitrariedad administrativa» y que tiene derecho a ser oída en el proceso de valoración de activos y a recibir al menos 20 millones de euros del patrimonio de Cajasur. El proyecto de cesión global de activos y pasivos de la Caja valora en un simbólico euro el valor de la entidad, que arrojaría pérdidas patrimoniales a finales de agosto de 686 millones de euros, de ahí ese nimio precio a repartir entre el Cabildo y la Diputación.
Frente a ello, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, afirmó ayer a través de un comunicado que la Comisión «está satisfecha de que la reestructuración de Cajasur y la venta de su negocio bancario en licitación abierta y competitiva garantice la viabilidad de la actividad bancaria y limite el falseamiento de la competencia». Y como colofón, la Comisión no duda en afirmar que la liquidación y posterior venta «garantiza que el negocio vendido pasará a ser viable sin un apoyo continuado del Estado». La oferta de la caja vasca incluía 392 millones de euros de fondos públicos. En este sentido, antes de que la venta a la BBK se haga efectiva el próximo 1 de enero y de que se escriture la cesión de activos y pasivos, Cajasur deberá devolver al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) la inyección de cuotas participativas por 800 millones que recibió, así como una línea de liquidez de 1.500 millones para hacer frente a sus necesidades más urgentes.
La duda del Cabildo
Con la luz verde de la Unión Europa, la BBK ya ha logrado prácticamente todas las autorizaciones necesarias para hacerse con la propiedad de Cajasur. Ya sólo queda la aprobación de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía, que, según los medios consultados, no supondrá ningún problema y podría producirse antes de fin de mes.
El otro requisito imprescindible para que la Bilbao Bizkaia Kutxa pueda hacerse con los activos y pasivos de la caja es el apoyo de su asamblea general, controlada por el FROB y prevista para el día 23. En medios del sector se asegura que el cónclave se celebrará en esa fecha pese al intento del Cabildo para retrasarlo. Entre hoy y mañana, el Cabildo celebrará una reunión crucial para determinar si acudirá finalmente a la vía judicial contencioso-administrativa para seguir reclamando sus derechos.
