Pelea noble, o batalla sin sangre ni daños a terceros. El plenario del Cabildo Catedralicio decidió el pasado lunes buscar una vía «negociadora y pactista» tras el revés del Banco de España a su requerimiento para reclamar sus derechos como entidad fundadora de Cajasur en la cesión del negocio a BBK. Una vía conciliadora que, sin embargo, apelará al recurso judicial por la vía contencioso-administrativa, pero, eso sí, con el convencimiento de que no se debe torpedear la llegada de la entidad vasca a Córdoba, que se haría cargo por entero de la caja cordobesa a partir del 1 de enero de 2011.
Según fuentes eclesiásticas, el plenario —con algunas voces críticas pero un tono mayoritario— entiende que se debe apostar por una reclamación ante el Estado en lo que consideran un perjuicio derivado por el traspaso de Cajasur a BBK en los términos ya expresados en su requerimiento: «confiscación» o «expropiación» sin contar con el propietario. Ello sin bloquear ni la asamblea general del día 23 que debe aprobar el proyecto de cesión global de activos y pasivos ni ningún elemento que entorpezca el aterrizaje pleno de la caja vizcaína.
En esta línea estaría también el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, quien anoche, junto con el vicario general y ex vicepresidente segundo de Cajasur, Fernando Cruz-Conde, el abogado Santiago Muñoz Machado, que lleva la defensa jurídica de este asunto, abordaban en una cena al cierre de esta edición la decisión final a adoptar. El Cabildo quería escuchar también el parecer del abogado y confrontarlo con la postura acordada en su asamblea plenaria.
Es decir, es más que probable que el Cabildo presente el recurso judicial pero sin plantear medidas cautelares como la suspensión de la asamblea. Simplemente, una reclamación patrimonial ante el Estado. Hay que recordar que el Banco de España a instancias del informe del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sobre la cesión del negocio tasa en un simbólico euro la liquidación de la entidad para los fundadores (Cabildo y Diputación). Simbólico porque entiende que a 31 de agosto pasado, el agujero patrimonial asciende a 682 millones de euros. Algunas fuentes financieras, incluso, cifran estos números rojos según un informe de un banco externo que ha utilizado el Banco de España en cerca de mil millones de euros. Por su parte, el Cabildo rebate que en ese euro ya se está considerando un derecho.
La opinión pública
En el fondo de la postura del órgano catedralicio también late el efecto sobre la opinión pública cordobesa. La asociación Futura organizó anoche en el Colegio de Abogados un debate sobre el impacto de la liquidación de Cajasur para la ciudad. La incertidumbre reinante, y que se agrava por momentos en la sociedad, por la demora en el pleno funcionamiento del que está llamado a ser Banco Cajasur (marca comercial que adoptará BBK Bank SA), con una crisis agudizada cada vez más en Córdoba (31,2% de tasa de paro), no acepta de buen agrado esta pelea que pudiera durar años y con consecuencias.
Como ya avanzó ABC, la auditoría realizada a 31 de agosto y que sirve de base para el proyecto de cesión del negocio, estipula en 852 millones de euros las pérdidas de Cajasur a esa fecha, sin contar las ayudas de salvamento del FROB tras la intervención. En la página 98 del mismo documento, al que ha tenido acceso ABC, también se hace constar la evolución de la tasa de morosidad. Esta tasa ha pasado del 2,53% en el ejercicio 2006 al 1,94% en 2007; 5,30% en el ejercicio 2008 para dar un salto al 8,29% al cierre de 2009 y un 11,81% a finales de agosto de 2010.
