ARCHIVO
Reunión en 2009 del entonces presidente de Cajasur y el de Unicaja
Cajasur estaba a mediados de 2009 en un estado de «tal gravedad» que requería medidas «extraordinarias» —la fusión con Unicaja— y al rechazar la operación en mayo de 2010 hizo peligrar su «viabilidad». Esa es la línea argumental en la que el Banco de España sustenta una parte de su expediente a 35 ex consejeros y 5 ex directores generales de la entidad.
La máxima autoridad bancaria acaba de remitirles el pliego de cargos, contra el que tienen un plazo para alegar de un mes. En este documento, que ABC avanzó ayer, se tipifican cuatro presuntas infracciones. Una sería «el incumplimiento de las políticas exigidas por el Banco de España» para reflotar la caja. Se centra en la decisión del consejo del 21 de mayo de «tumbar» la fusión con Unicaja, lo que provocó su intervención, urgente saneamiento y venta a BBK.
El pliego de cargos revela que la situación de Cajasur a mediados de 2009 —entonces, la propia entidad preveía 257 millones de pérdidas ese ejercicio, que al final fueron 596— era «de tal gravedad» que requería actuaciones «extraordinarias» que salvaran a la caja de «los acuciantes riesgos para su viabilidad».
Ultimátum el 5 de mayo
En ese marco, rememora el regulador bancario, el 28 de julio de 2009, Cajasur le presentó un plan de actuaciones, que se articulaba en torno a la unión con la caja malagueña. El Banco de España aprobó la estrategia.
Sin embargo, sigue el documento, la decisión de la mayoría del consejo de Cajasur en mayo de 2010 de «tumbar» la fusión incumplió dicho plan de actuaciones. Eso implicaba que se puso «en peligro la solvencia y viabilidad» de la entidad. Por ello, estima que los 11 ex consejeros que votaron contra la unión —los seis del Cabildo, el representante de los trabajadores y cuatro del grupo de los impositores— más el que se abstuvo —perteneciente a la cuota de los consistorios (PP)— incurrieron en una infracción «muy grave». Esto puede suponerles a cada uno una sanción de hasta 150.000 euros. Excluye de esta imputación a los 8 ex consejeros que votaron a favor.
El Banco de España también deja patente el ultimátum que lanzó a la caja cordobesa. Así, el 5 de mayo, dado que habían pasado «más de nueve meses desde la aprobación del proyecto de fusión» por la máxima autoridad bancaria y «a la vista de que no se formaliza», acordó requerir a Cajasur que tanto ella como Unicaja dieran luz verde a la operación en sus consejos «antes de que finalice el 21 de mayo» para que pasara por sus respectivas asambleas antes del 30 de junio. De lo contrario, intervendría la caja, como así hizo.
De hecho, cuando lanzó dicho ultimátum, Cajasur ya le había comunicado que 2009 lo había cerrado con un coeficiente de solvencia del 3,7%, por debajo del 8% exigido por ley. Transmitió que al 30 de junio esperaba haber retornado a los límites legales, gracias a la fusión entonces en marcha y finalmente fracasada.
Además, el Banco de España reconstruye la crítica situación en la que estaba cuando en julio de 2009 le presentó su integración con Unicaja: «Muestra ratios de solvencia por debajo de lo recomendado y una tasa de morosidad deteriorada, que pueden poner en peligro su viabilidad». Y se advertía de que «podría incurrir en pérdidas (1.102 millones en el periodo 2009-2012)» y de que su tasa de morosidad podría «llegar al 15% en 2010».
Y esas estimaciones no iban desencaminadas. Los números rojos de Cajasur en 2009 fueron de 596 millones y en 2010, hasta agosto, ascendían a 852. En cuanto a la ratio de mora, también a fecha de agosto del presente año, era del 11,8%. Y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), rector de la caja hasta el 31 de diciembre, ha alertado de que podría alcanzar este ejercicio el 17% o el 18%.
El Banco de España, como hace en otro punto del pliego de cargos, repite autoexculpación de las críticas a su supervisión. Así, pone énfasis en demostrar que hubo un «seguimiento constante» de la caja por su parte desde 2004. Así, avisa de que «reiteradamente» le dirigió requerimientos en los que exigía a la entidad que «adoptara medidas concretas dirigidas a la mejora del tratamiento de sus activos, al adecuado estudio de los riesgos o al cumplimiento de la normativa de provisionamiento».
Sin embargo, lamenta, el cumplimiento por Cajasur de las actuaciones que le demandó fue «sólo aparente y, en todo caso, insuficiente».
