Cajasur vulneró siete meses, de noviembre de 2009 a mayo de 2010, los límites de solvencia exigidos por norma, llegando incluso a niveles negativos. Esta es una de las conclusiones que se extraen del expediente que ha abierto el Banco de España a 35 ex consejeros y 5 ex directores generales de la entidad. De hecho, considera que esa situación podría ser constitutiva de una infracción muy grave.
Según el pliego de cargos, avanzado por ABC, que se acaba de remitir a los 40 expedientados —ahora tienen un mes para alegar—, un informe permite dictaminar que a fecha 31 de octubre de 2009 «existía ya una insuficiencia de recursos propios» en Cajasur. Dicho informe, elaborado por la consultora Boston Consulting en el marco del frustrado proceso de unión con Unicaja, indicaba que el coeficiente de solvencia era del 5,3% «frente al mínimo legal del 8%». Esta ratio mide la relación entre dichos recursos propios y los activos ponderados por su nivel de riesgo.
A eso se une que Cajasur, a esa fecha, debía tener un mínimo de recursos propios por valor de 968 millones, pero contaba únicamente con 638. O sea, disponía del 66% de lo exigible, cuando legalmente no debe bajar del 80%. Una caja no puede mantenerse más de seis meses en esa situación.
El relato de la máxima autoridad bancaria apunta que es en enero de 2010 cuando la entidad le comunica que había cerrado 2009 en una situación que le obligaba a formular un plan de retorno a los límites legales de solvencia. A 31 de diciembre, su coeficiente en esta materia había empeorado y era ya del 3,7%. Sus recursos propios eran de 444,5 millones, cuando debían llegar a 967,5 —o sea, presentaba un déficit de 523 millones—. La cobertura, por lo tanto, que tenía la entidad era del 45,9%, cuando, como se ha indicado, no debía bajar del 80%.
En el pliego de cargos, el regulador bancario rememora que en febrero de 2010 Cajasur le mandó el plan de recuperación de los límites legales, que se basaba en la fusión entonces en marcha con Unicaja. Señalaba que el 30 de junio regresaría al cumplimiento de la norma en este indicador.
En negativo en mayo
Pero, el 21 de mayo de 2010, la mayoría del consejo de la entidad cordobesa «tumbó» la operación de concentración con la caja malagueña. Eso provocó la inmediata intervención de Cajasur por su gravísimo estado.
El Banco de España recuerda que en los primeros meses de 2010 la situación se «hizo más grave» y el coeficiente de solvencia fue más allá de rebasar el límite normativo: se convirtió en negativo. En concreto, según desvela la máxima autoridad bancaria, a 31 de mayo —pocos días después de ser intervenida— «los recursos propios básicos eran de -21 millones frente a unos requerimientos mínimos exigibles de 946». Eso suponía también el «incumplimiento» con creces del límite del 80%.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) —su administrador desde el 22 de mayo y hasta el 1 de enero de 2011— se dispuso a paliar la situación. A mediados de junio, inyectó 800 millones a la caja, que permitieron que volviera a situarse por encima de los niveles mínimos fijados normativamente.
Eso sí, el propio FROB en su balance de 31 de agosto advertía de que «los recursos propios computables se han situado nuevamente por debajo de lo exigido legalmente», arrastrados por unas pérdidas a esa fecha de 852 millones. No obstante, matizaba que la solvencia de Cajasur está garantizada con su integración en BBK, que será oficial en un mes.
De vuelta al relato de los hechos que hace el Banco de España, denuncia que la infracapitalización «se mantuvo tanto antes de diciembre de 2009 como después de dicha fecha, y en concreto hasta el 31 de mayo».
Por ello, el Banco de España cree que lo sucedido «podría constituir» una vulneración normativa. La Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito califica de falta muy grave «incurrir en insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, cuando se sitúen por debajo del 80% de los requerimientos de recursos propios exigidos, permaneciendo en tal situación por un plazo de al menos seis meses».
Este es uno de los cuatro supuestos punibles que el Banco de España ha apreciado en la gestión de la caja. Eso sí, por él, no imputa a todos los expedientados, sino a los 20 miembros del último consejo de Cajasur, así como a su penúltimo director general, Antonio Barral. Una infracción muy grave supone una multa de hasta 150.000 euros, así como la inhabilitación hasta diez años para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero.
