Con la reforma del Código Penal, que entra en vigor el próximo 23 de diciembre, los jueces cordobeses tendrán que revisar aproximadamente 2.000 sentencias (unas 400 por órgano) debido a la modificación de las sanciones que introduce el cambio de la norma para los delitos de seguridad vial, contra la propiedad intelectual y tráfico de drogas. No quedará otra opción que repasar los fallos que todavía estén ejecutándose o en trámite en los casos en los que la nueva legislación resulte favorable para el condenado.
La retroactividad sólo es aplicable si beneficia al afectado. En caso de que le perjudicara, seguiría con la pena impuesta en su día.
La revisión de sentencias está prevista en la disposición transitoria segunda de la ley orgánica 5/2010, que modifica el Código Penal, y establece que los jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes y en las que «el penado esté cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial».
Cada una de estas revisiones, normalmente, las hará el juzgado de ejecutorias de oficio o por petición de los letrados.
Según informó del juez decano, Luis Rabasa, la mayoría de los fallos que los togados deberán examinar se refieren a delitos contra la seguridad del tráfico.
Hasta la fecha, por ejemplo, conducir ebrio se sancionaba de manera habitual con la retirada del carné, una multa económica y trabajos en beneficio de la comunidad.
Ahora la diferencia es que los dos últimos castigos no serán acumulables sino alternativos. En cada uno de los casos habrá que quitar unos de estos supuestos o bien anular alguno si el otro ya se ha cumplido. Normalmente, la multa se suele abonar antes y los trabajos comunitarios —normalmente por la falta de plazas— se demoran en el tiempo. «De este modo se concede un mayor grado de arbitrio al juez a la hora de decidir sobre la imposición de cualquiera de las tres penas previstas», se recoge en la modificación del texto legal.
Averías en las salas de vistas
Varias dependencias para la celebración de juicios orales en Lucena, Peñarroya y la capital han venido sufriendo averías en el último mes. Según informó la Delegación de Gobernación, han sido cinco las salas afectadas en mayor o menor medida. En estos momentos, ya hay dos que están solucionadas y funcionando correctamente. Mientras, la de Peñarroya está en vías de solución, aunque la deficiencia que presenta no impide su funcionamiento. Por tanto, quedan por resolverse los penales 2 y 5, en la capital, y el caso de Lucena. La Consejería de Gobernación y Justicia ya ha dado el visto bueno al contrato de mantenimiento de estos servicios y próximamente se procederá al arreglo de los casos pendientes.
