En el último Pleno municipal de Lucena, el PP preguntó al equipo de gobierno por la situación del proyecto de construcción del Palacio de Justicia, y el concejal de esta formación política José María Morillo-Velarde aseguró que la localidad «se ha quedado la última» viendo cómo se han realizado otras sedes judiciales en sitios como Montilla, Puente Genil o Priego de Córdoba.
Según el alcalde, José Luis Bergillos, la Junta «no tiene en estos momentos dinero» para ejecutar esta importante infraestructura, «aunque ha propiciado la unificación de todos los juzgados en una misma sede». Lo cierto es que hace ya casi una década desde que comenzó a hablarse de la necesidad de una nueva sede judicial para la primera ciudad de la provincia, que cuenta con tres juzgados de primera instancia e instrucción.
Haciendo historia, en 2005, el Ayuntamiento ofreció a la Junta una parcela municipal de 1.737 metros cuadrados en la Huerta del Carmen para el nuevo edificio. A cambio, el Consistorio solicitó hacerse con el palacete decimonónico de los Condes de Santa Ana, edificio adaptado décadas atrás como sede judicial, para hacer un Museo de la Ciudad.
Proceso administrativo
Tras distintas vicisitudes y retrasos por cuestiones administrativas, a finales de 2006 la Junta cedió al Ayuntamiento el uso de las instalaciones de Santa Ana, aunque la permuta no se cerró hasta junio de 2007. En enero de ese mismo año, los tres juzgados de primera instancia de la ciudad se trasladaron a una nueva sede provisional en la calle San Pedro, que siguen ocupando en la actualidad.
Y un año más tarde, en agosto de 2008, la Consejería de Justicia y Administración Pública adjudicó los trabajos de redacción de proyecto básico y de ejecución , estudio de seguridad y salud y dirección de obra del nuevo Palacio de Justicia de Lucena. El concurso fue adjudicado por 458.200 euros al equipo de arquitectura de Francisco Torres Martínez, Francisco Javier Romero Vicente y Roberto Ales Méndez, que concluyó los trabajos para entregar el proyecto a la Junta a mediados de 2009. Desde ese momento, nada más se ha sabido sobre los nuevos plazos de la Administración autonómica de cara a la ejecución de esta importante infraestructura, pese a las promesas realizadas a lo largo de los últimos años por los sucesivos responsables de Justicia.
Así, la Consejería firmó con el propietario del local que acoge actualmente los juzgados un periodo de alquiler de tres años que concluye ahora, y que será prorrogado, toda vez que la nueva sede judicial ni siquiera se ha iniciado.
Esta semana, el parlamentario andaluz del PP Salvador Fuentes reveló que los presupuestos de la Junta para 2011 tampoco incluyen partidas para iniciar las obras y anunció la presentación de una enmienda solicitando la creación de una partida «simbólica» de 100.000 euros para poner en marcha los trabajos. Además, los populares reclamaron del regidor lucentino un mayor nivel de exigencia a la Junta para que la nueva infraestructura sea una realidad lo antes posible.
Según el proyecto, el edificio contará con una superficie construida de 5.000 metros cuadrados, podrá albergar hasta cinco juzgados y los departamentos de Fiscalía, Instituto de Medicina Legal del Sur de Córdoba y una sala para el Colegio de Abogados.
