El expediente que el Banco de España ha abierto a 35 ex consejeros y 5 ex directores generales de Cajasur, cuyo contenido fue avanzado por ABC, revela que la entidad compró por 125 millones de euros, y en dos fases durante 2006, al empresario Rafael Gómez el 50 por ciento de Arenal Sur 21 «sin apoyarse en estudios económicos que demostraran la idoneidad o la rentabilidad» de la adquisición. Esta firma promotora estaba entonces participada al 50 por ciento por el promotor y Cajasur.
La operación aparece reflejada dentro del pliego de cargos remitido a los expedientados. En concreto, es uno de los argumentos que utiliza la máxima autoridad bancaria en una de las cuatro presuntas infracciones detectadas: las deficiencias apreciadas en materia de control interno en Cajasur desde 2004 y que no se corrigieron, pese a los reiterados avisos del regulador. Esta cuestión ha sido muy criticada, especialmente, desde el PP. Hay un apartado que dedica a las actuaciones de «dudoso encaje con los intereses» de la entidad financiera. El expediente reseña que la «ineficiencia» de los mecanismos de control de la caja se reflejaba en las operaciones de riesgo que asumía, aunque «su rentabilidad para la entidad era cuanto menos dudosa».
Condicionantes
Es el caso de la promotora inmobiliaria Arenal Sur 21. Esta firma nació en 2001, cuando Arenal 2000, propiedad de Rafael Gómez, y la caja cordobesa la constituyeron al 50%, siguiendo el mismo modelo de alianzas de la entidad con otras constructoras locales. La toma del control total se realizó en dos fases. En agosto de 2006, el consejo de administración de Cajasur, presidido por Juan Moreno, aprobó la compra de un 20%; y en diciembre, el 30% restante. En total, 125 millones.
El trato se cerró en unas circunstancias, cuando menos, peculiares. En junio de ese año, Gómez había sido detenido en la «Operación Malaya», cuyo juicio se desarrolla en la actualidad y en el que está imputado por pagar presuntamente 600.500 euros para poder realizar unas obras ilegales en Marbella. Tras este episodio, el empresario de Cañero empezó a desprenderse de activos en busca de la liquidez que la banca comenzaba a negarle. Y Cajasur se embarcó en esta adquisición, pese a que el Banco de España le había abierto un expediente disciplinario en abril de 2005 por «el aumento significativo del riesgo crediticio de financiación en la actividad inmobiliaria».
Pese a todos estos condicionantes, la operación se materializó. Y el Banco de España advierte de que «no se apoyó en estudios económicos que demostraran su idoneidad, las ventajas frente a otras alternativas del mercado o la rentabilidad mínima que la caja debe preservar».
Por entonces, la entidad cordobesa ya estaba sometida a un seguimiento especial por parte de la máxima autoridad bancaria y el regulador recuerda en el expediente que la caja trató de justificar la compra con motivos que «iban desde la necesidad de aportar liquidez al Grupo de Empresas de Rafael Gómez hasta la conveniencia de adquirir el control de la compañía». Pero, lo «cierto», reitera el Banco de España, es que Cajasur no le entregó ningún estudio económico que avalara la decisión tomada.
Apunta que el precio acordado se supeditó a la realización de una «due diligence» (informe técnico) de Arenal Sur 21 por parte de la auditora Price Witherhouse Coopers. Y explica que, aunque la valoración final que se otorgó a la promotora fue de 252,2 millones, hubo elementos en la auditoría de «difícil comprensión»: la valoración de los activos, que estuvo «basada en hipótesis muy cuestionables y suscitó la duda de varios consejeros», y el cálculo de un determinado elemento que se basó «en la cotización en bolsa de compañías inmobiliarias cuyo negocio poco tiene que ver con el de Arenal Sur».
Y las sorpresas no tardaron en llegar. Así, el Banco de España apunta que en marzo de 2007 Tinsa efectuó una nueva tasación de terrenos urbanizables de esta promotora en Manilva (Málaga) y dicha tasación rebajó el valor de la sociedad en 20 millones.
En la auditoría de 2006 de Cajasur, se indicaba que su objetivo era vender las nuevas acciones con las que se había hecho. Sin embargo, en este mismo documento de 2009 ya reconocía la «imposibilidad de vender» la firma, rebautizada como Prienesur, por «la crisis financiera internacional y del sector inmobiliario español en particular». La compañía, de hecho, se fue convirtiendo en un lastre. Hasta el punto de que el pasado año fue la empresa participada por Cajasur vinculada a la construcción con mayores pérdidas: 47 millones.
