Cajasur concedió en 2004 un préstamo por 51 millones a una firma participada, la promotora Sermansur, pese a su «nula solvencia». Así lo recoge el expediente del Banco de España a 35 ex consejeros y 5 ex directores generales de la entidad, cuyo contenido fue avanzado por ABC. Además, alerta de que la beneficiaria mostraba una «insuficiente generación de recursos» para abonar el crédito. En circunstancias parecidas, se dio financiación ese mismo año a otras dos empresas de la construcción: Arenal 2001, propiedad de Rafael Gómez, y Andria Inversiones Inmobiliarias.
Este tipo de prácticas se incluye en el pliego de cargos remitido a los expedientados. La máxima autoridad bancaria cree que hubo «importantes deficiencias» en la concesión y seguimiento de los préstamos, lo que supuso un «elevado volumen de reclasificaciones a activos dudosos» en Cajasur. Y presenta esta mala praxis como prueba de una de las cuatro presuntas infracciones detectadas: las deficiencias en el control interno en la entidad desde 2004, que no se solventaron, pese a los constantes avisos del Banco de España.
De hecho, aunque los cargos del expediente son para los responsables que tuvo la caja a partir del 12 julio de 2005, en su relato de los hechos sí incluye irregularidades detectadas en la inspección que hizo el Banco de España sobre la situación de la caja a 31 de agosto de 2004, cuando aún era presidente Miguel Castillejo —dejó el cargo el 8 de julio de 2005—.
Así, el regulador bancario revela que en dicha inspección observó que la concesión de créditos «no se apoyaba suficientemente en la información económico-financiera de los clientes». Igualmente, no se tenía en cuenta «adecuadamente» la capacidad de reembolso. Y pone tres ejemplos. La operación con más importe de una «tacada» tiene fecha del 30 de junio de 2004: un préstamo de 50,7 millones a Sermansur, compañía de promoción inmobiliaria que constituyeron al 50% un mes antes Cajasur y el Grupo González Iglesias, con un capital social de 60.000 euros.
Errores en la valoración
El Banco de España es tajante en su rechazo a la concesión de este crédito. Argumenta que la información financiera de esta participada sostenía su «nula solvencia» y su «insuficiente generación de recursos para hacer frente al préstamo contratado».
Sermansur es hoy en día uno de esos quebraderos de cabeza, vinculados a la construcción, que tiene el Grupo de Empresas de Cajasur tras una azarosa trayectoria. Y es que la entidad acabó teniendo cambio de socio en esta alianza, pues Tremón se hizo con el 50% del Grupo González Iglesias. Pero, en mayo de 2008, Cajasur logró el control total de esta participada. Meses después, Tremón entró en concurso de acreedores.
El regulador bancario aporta otras dos operaciones similares. En 2004 se concedió a la firma madrileña Andria Inversiones Inmobiliarias 7,2 millones y a Arenal 2001, 32, aunque su «solvencia era insuficiente en relación a la elevada financiación lograda». Y, como con Sermansur, la información económica de los prestatarios evidenciaba su «insuficiente generación de recursos para afrontar los préstamos contratados». Sobre Arenal 2001, propiedad de Rafael Gómez, añade que hubo otros dos créditos de 2002 —de 12 y 14,6 millones— en idénticas condiciones. Hay que recordar que no era la única vinculación del empresario de Cañero con Cajasur. En 2001, ambas partes habían creado al 50% la firma Arenal Sur 21.
El Banco de España añade que estas cinco operaciones son «ejemplos que acreditan que no se efectuaba una prudente valoración de las garantías aportadas» por los solicitantes de los fondos. Así, la financiación a estas tres compañías se soportó «básicamente» en tasaciones con «valores muy alejados de lo que cabía esperar de una tasación prudente».
Y es que, continúa el regulador bancario, en ocasiones la concesión del crédito se apoyaba fundamentalmente en la valoración de los activos con los que se garantizaba el importe financiado. El problema, aclara, es que dicha valoración se sustentaba en tasaciones que no se hacían de acuerdo a los métodos fijados por el Ministerio de Economía. Los citados informes de tasación se «apartaban» así «expresamente de la normativa» y daban valores de mercado basados en «expectativas urbanísticas que nada tenían que ver con el valor hipotecario, el que se debe tener en cuenta para garantizar prudentemente los créditos».
Para el Banco de España, lo sucedido con Arenal 2001, Sermansur y Andria Inversiones muestra «el escaso control en la concesión del riesgo», pues Cajasur actuó sin analizar adecuadamente la solvencia de los acreditados y con unas garantías valoradas «teniendo en cuenta unas expectativas urbanísticas inexistentes». Por ello, el reembolso «dependía de comportamientos netamente especulativos».
