CÓRDOBA
Tras la tempestad, no llega la calma. Al Ayuntamiento de Córdoba, al equipo de gobierno de IU y PSOE, le queda una papeleta muy complicada en cuanto el nivel del agua baje en las parcelaciones ilegales anegadas por su proximidad al río. Máxime, cuando hace nueve meses se repitió la calamidad y todo fue despejar balones sobre el futuro de centenares de viviendas que se levantaron al margen de la normativa y sin que el Consistorio, ni tampoco la Junta de Andalucía, tomara cartas en el asunto.
«Lo que tenemos que hacer los políticos es animar a los vecinos para que desarrollen lo previsto en el PGOU, que es lo que va a permitir acceder a la normativa urbanística». Esta frase era del alcalde Andrés Ocaña en una entrevista publicada por ABC un mes después de que el agua anegara por completo el borde del aeropuerto y otros puntos de Alcolea y la parte baja de la Vega.
Pero lo que dice el Plan General de Ordenación Urbana es tan claro como confuso a la vez. En la memoria del documento magno del urbanismo en la ciudad, que se aprobó en 2001, se reconocía que «la zona de policía del río Guadalquivir se ve invadida por algunas parcelaciones» y advertía de «los riesgos de inundación y los problemas que vienen planteados por la proximidad de ciertas parcelaciones al Guadalquivir».
A partir de ahí, se dan circunstancias tan significativas como que La Altea, una de las parcelaciones en el punto de mira, reza como suelo no urbanizable con parcelación. Ni siquiera en zona protegida (el río es Lugar de Interés Comunitario de alto valor ambiental) o como «zona inundable». Por otro lado, Ribera Baja, otro punto caliente en Alcolea, sí constaba como espacio inundable pero, años después, se tramitó con el visto bueno de la Junta una innovación del PGOU para regularizarla como urbanizable, pese a que hay casas que están a un nivel inferior al cauce.
Paradojas aparte, el instrumento al que se refería Ocaña en su respuesta para estas parcelaciones que están fuera de ordenación (Majaneque, por ejemplo, es suelo urbanizable tras haber sido en su día una parcelación histórica) es el plan especial de mejora del medio rural. Un plan por el que se acaba asumiendo la irregularidad pero permite solucionar los riesgos que provoca la misma estableciendo una serie de medidas sobre el entorno, la propia parcelación o las «edificaciones existentes», tal y como la Junta de Andalucía matizó in extremis en la aprobación definitiva del Plan General en abril de 2003.
Estos planes deben impulsarlos los parcelistas, como ocurre por ejemplo en la Sierra. Correrían con todos los gastos de redacción, tramitación y ejecución de las medidas correctoras sin que se pudiera edificar más. Se mantendría una foto fija pero estarían algo más cerca de la raya legal, aunque también podría combatirse con disciplina urbanística su manifiesta ilegalidad. El problema es que los vecinos no están dispuestos a sufragar estos altos costes. En su día, La Altea llegó a plantear algo parecido en Urbanismo, y se habló, con informes de la Confederación Hidrográfica y AENA, que en este caso serían preceptivos y vinculantes, de un muro de contención y paseo fluvial que costaba 7 millones de euros. El paseo y el muro que los afectados exigen ahora al Ayuntamiento.
La cuestión que plantean algunos expertos urbanísticos consultados por ABC es por qué no es Urbanismo el que redacta de oficio el plan especial —tras precintar toda la parcelación como medida preventiva— como ha sucedido en el caso del plan especial Carretera de Palma del Río y las naves de Colecor. «La urgencia viene dada por el riesgo latente que hay en esa zona para las vidas humanas con los antecedentes de febrero y este mes». Y alguno de estos expertos va más allá: «¿Qué hará el Ayuntamiento, permitirá que retornen a sus casas estos parcelistas con las responsabilidades, penales incluso, que entrañaría tal decisión...?».
