Los números rojos de la Diputación de Córdoba crecen a toda velocidad. La deuda viva (bancaria) rozará los 172 millones de euros al final del año 2011, lo que equivale al 112,7 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en 2009. Es decir, con el dinero que entra en sus arcas en un solo año no tendría suficiente para pagar todo lo que debe a los bancos y cajas. Esta complicada situación financiera le obliga a pedir autorización a la Junta para pedir préstamos. Además, le ha valido a la institución que preside Francisco Pulido (PSOE) una severa advertencia del Consejo Social y Económico en su dictamen sobre los presupuestos, que hoy aprobará el Pleno de este órgano.
El ente, compuesto por agentes sociales, empresarios, sindicatos e instituciones de la provincia, señala que la cifra sobrepasa «los límites fijados para las entidades locales». A pesar de que el decreto del Gobierno que restringe la financiación de obras con cargo a créditos le obligará a aplicar drásticos recortes a la inversión en 2011, el endeudamiento no se contiene, sino que aumentará en relación a 2010. En apenas un año crecerá en 26,2 millones de euros, según los datos recogidos en los presupuestos, que ascienden a 268,9 millones.
«Este hecho hace imposible por imperativo legal el recurso a la deuda para financiar la realización de inversiones tan necesarias en una provincia que ostenta el nivel más elevado de paro», asegura el informe.
La situación es achuchada, al punto de que, según el Consejo Económico y Social, se impone la elaboración de un plan para reducir la deuda, que sea consensuado con los grupos políticos y agentes sociales.
Caída de la inversión
Otro de los asuntos que cuestiona el dictamen del órgano consultivo es la «fortísima» reducción de las inversiones previstas el próximo año, que pasa de 74,38 a 17,34 millones de euros. Es decir, los gastos destinados a obras de infraestructura y equipamiento caerán un 76,7 por ciento en términos reales, según el Consejo, que destaca que se trata de «la mayor reducción de la década». En este sentido, deja constancia de su «desacuerdo» con esta caída «excesiva», que no ayudará, a su juicio, a reactivar la actividad económica y combatir el paro.
