Vimcorsa (empresa municipal de vivienda), que preside el alcalde, Andrés Ocaña, de forma interina, arrojó ayer luz sobre el plan del Consistorio, lanzado por el grupo municipal de IU y avanzado por ABC, para solucionar la situación de las viviendas ilegales más dañadas por la riada: a los propietarios se les ofrecería permutar su casa, previa declaración de su inhabitabilidad por motivos de seguridad, por una VPO de alquiler. Los dueños tendrían que abonar el arrendamiento y, además, pagar la demolición del hogar que levantaron sin permiso.
El gerente de Vimcorsa, Rafael Obrero, explicó que esta medida se dirige a unas 30 familias —12 de la riada de febrero y entre 16 y 18 de la última— que encajarían en el perfil del programa: que su casa en el río sea su única residencia, bajos ingresos y haber sufrido graves efectos en sus hogares. Obrero confesó que «me daría con un canto en los dientes si logramos que se derriben cuatro casas» ilegales en la zona del río. No en vano, recordó que el modelo se basa en que los propietarios quieran tirar sus construcciones ilegales. Y siguió sosteniendo que sería un «éxito» lograr media docena de demoliciones con este programa teniendo en cuenta que «en los últimos 20 años en la capital se ha derribado una vivienda sin permiso». Se refería a una chalé en San Cristóbal, que se tiró en 2008.
Reconoció que esta actuación municipal sería una «gota en el mar de las parcelaciones» y que el problema de las construcciones ilegales es «infinitamente mayor» que el alcance que pueda tener este programa. No obstante, defendió que serían medidas «didácticas y ejemplarizantes»: «No hay que perder la oportunidad de llevarlas a cabo. Pueden hacer que las Administraciones se sientan más cómodas para otras actuaciones».
Obrero indicó que hay otra modalidad para acogerse a este plan, además de la que se conocía hasta ahora: la permuta por una VPO de alquiler, a cambio de la demolición de la casa ilegal en el río. Reveló que quienes derriben su construcción pueden acceder a una ayuda de Vimcorsa, que les abonaría aproximadamente el 50% de un alquiler de renta libre —la empresa municipal aportaría como tope 250 euros— durante «dos años prorrogables, aunque no está fijado el horizonte máximo».
De hecho, sostuvo que, pese a que hasta ahora lo que había trascendido era la fórmula de la permuta, la «vía más adecuada para esta propuesta» es precisamente la de la ayuda al arrendamiento de renta libre, dada «la imposibilidad de dar respuesta con viviendas propias».
Este mensaje contrasta con el que lanzó el martes el edil de Urbanismo, Francisco Tejada, quien habló de que para este programa se aprovecharían VPO disponibles. Pero el concejal debía aludir al uso de viviendas protegidas que se hubieran puesto a la venta sin éxito, porque Obrero indicó que, del parque de VPO de alquiler (786 pisos), sólo hay «doce o trece» libres.
Petición de Diputación
Por su parte, el Pleno de la Diputación aprobó ayer, por unanimidad, una proposición para adecuar los cauces de los ríos y arroyos en la provincia, para así evitar futuras inundaciones. En concreto, acordó solicitar a la Consejería de Medio Ambiente, a la Agencia Andaluza del Agua (Junta) y, en su caso, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Gobierno central) a «que sigan realizando cuantas inversiones se hagan necesarias en las zonas afectadas por las inundaciones para la adecuación de las infraestructuras hidráulicas y cauces, para evitar que este tipo de situaciones se repitan en las zonas afectadas».
