La compra de parcelas irregulares a precio de mercado para la ampliación del aeropuerto ha sentado un precedente del que no se olvidan los propietarios de las viviendas que se anegaron en el puente de la Inmaculada, y a los que ahora el Ayuntamiento se plantea desalojarlos y proporcionarles una VPO en régimen de alquiler. Así, los vecinos de Fontanar de Quintos, uno de los núcleos afectados por la riada de hace una semana y media, tienen claro que la oferta que el Consistorio está barajando hacerles no está, ni de lejos, a la altura de la que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) les brindó a quienes vivían sólo unas calles más arriba y que se embolsaron altas sumas para que la pista del aeródromo se pudiera ampliar.
El presidente de la asociación de vecinos Fontanar de Quintos, Rafael Muñoz, señaló en este sentido que «nadie se plantea dejar su casa a cambio de una VPO, y más sabiendo que se le han pagado cantidades muy altas a los dueños de propiedades colindantes». Muñoz añadió que no cree, con todo, que los peritos vayan a declarar inhabitable alguna de las viviendas de la parcelación, porque «tras las inundaciones de febrero eso no ocurrió en ningún caso».
La Altea y Guadalvalle
Por su parte, los vecinos de La Altea y Guadalvalle no ven con malos ojos la intención del Ayuntamiento de conmutarles sus casas ilegales dañadas por las últimas riadas por VPO en régimen de alquiler. Sin embargo, estos vecinos advierten de que hay que hacer distinciones entre las que se encuentran en zona inundable de las que no.
En estos términos se manifestaba ayer el presidente de los vecinos de La Altea y Guadalvalle, Julio Cortés, quien insistió en que ellos nunca han estado de espaldas a Urbanismo y han pagado los impuestos de la contribución, unos a la comunidad de regantes y otros al propio Consistorio. Además, aseguró que ellos tienen enganches de luz y la mayoría no están en zona inundable.
En caso extremo sólo ven viable la propuesta municipal para las viviendas de Guadalvalle, la parcelación más afectada por su cercanía al río, en zona inundable y cuyos «parceladores sin escrúpulos les vendieron a los vecinos esos terrenos del río», señaló Cortés. Sin embargo, habría que ver en cada caso cuáles son las circunstancias de cada vecino, ya que muchos ya tienen pagadas sus casas y no disponen de ingresos suficientes como para afrontar el abono de un alquiler de una VPO.
Para el resto de los residentes en las zonas inundadas, según el portavoz vecinal, ha tomado fuerza en la última semana la idea de construir el paseo fluvial que les protegería no solo a ellos, «sino al propio aeropuerto, de las avenidas del río». De hecho, Cortés recordó que desde 1928 en que se fijó la cuota hidrográfica y se desligó esa zona, La Altea no es inundable, y lo que debe haber es una mejora de la gestión urbanística. Además, el portavoz vecinal recordó que el Pleno acordó en 2001 el deslinde de caminos, por el que muchas viviendas tuvieron que retranquear sus fachadas, un camino propiedad de los vecinos pero cuya competencia ejerce la Junta. Por último se refirió al hecho de que a las viviendas «no se les puso el cartel de ilegales hasta el año 1996, pero las casas estaban construidas desde 1994». Por último, Julio Cortés aseveró «que el problema del agua y su gestión va más allá y dijo que el casco urbano de Córdoba no se inundó por solo tres metros en las últimas avenidas que hemos conocido».
