Aunque sólo uno de los funcionarios de la Junta que se vieron conminados el pasado 22 de noviembre a abandonar el salón de actos de la Diputación por exhibir camisetas reivindicativas durante la apertura del curso de la UNED está imputado, los otros tres que le acompañaban están también nombrados en el informe policial sobre la presunta alteración del orden público y tendrán que testificar en marzo en el juicio de faltas en Instrucción 3.
Según señaló ayer el portavoz de los empleados públicos en Córdoba, José María Herrera, «los motivos que se alegan para llevar a juicio son propios de una dictadura bananera», y «está claro que la señora Isabel Ambrosio (delegada del Gobierno de la Junta) se ha señalado al dar orden a la Unidad e Policía de la Consejería de Gobernación y Justicia de que remitiera al juez de instrucción el informe de las incidencias de ese acto con un documento realmente impresentable».
En su opinión, «mucho nos tememos que la intención de Isabel Ambrosio es ir a por nosotros a imponernos sanciones por el hecho de ir a recibir a miembros del Gobierno andaluz o del PSOE», como, de hecho, ya ha ocurrido en la vecina Málaga, donde dos personas también van a ser sancionadas por una protesta similar ante el Hotel NC de esa capital.
Fondo común
Por esta razón, Herrera anunció la puesta en marcha de un fondo común «del bolsillo de los empleados públicos» para hacer frente a estas sanciones, que van desde los 200 hasta los 2.000 euros, es decir, que pueden descalabrar la economía de una persona, «en previsión de lo que pueda venir». Al respecto, desde la Junta se limitaron ayer a aclarar que sólo hay un imputado, en lugar de cuatro, y que la Unidad de Policía dio cuenta al Juzgado y al Fiscal de Guardia de los hechos «siguiendo los protocolos ordinarios».
El problema, según comentó, por su parte, el parlamentario andaluz por el PP Salvador Fuentes, «es que desconocemos cuáles son esos protocolos ordinarios, que, para unos casos, como éste, implica el inicio de actuaciones ordinarias para un juicio de faltas, y para otros, como la presencia en un Pleno municipal de Córdoba de numerosos funcionarios con camisetas naranjas o los insultos proferidos por ciertos sindicalistas a las puertas del Ayuntamiento cordobés el día de la huelga general, no se aplican o se ponen en marcha».
Su partido reclama que «se retiren las actuaciones administrativas», ya que las medidas preventivas de la Junta han sido «desproporcionadas», «represivas» y «excesivas».
