«Soy un tío legal y transparente», defendió Telesforo Flores, alcalde de Luque y diputado provincial socialista —ex presidente hoy de la promotora pública Provicosa—, cuando ABC destapó las irregularidades vinculadas a la compra de una VPO en la zona de Arroyo del Moro de la capital en 2003 y cuando ya disponía de una de renta libre. La Junta de Andalucía, en concreto la Consejería de Obras Públicas, como ya avanzó este periódico, ha sancionado a Flores tras abrirle expediente. Y lo ha hecho calificando los hechos (no ocupar la VPO como vivienda habitual en el periodo legal tras firmar la escritura de tres meses) como una «infracción grave» de la ley estatal de 1978 vigente en el momento en el que el dirigente socialista efectuó la adquisición de este piso, que pagó al contado con 75.000 euros, ya que no podía acogerse a ayudas por dispone de otra casa. Flores está empadronado en Luque y no usó el piso protegido en dichos plazos.
Por esta vulneración grave de la citada ley se le ha impuesto una sanción de 1.250 euros que pagó en noviembre eludiendo la posibilidad de recurrir la resolución, como difundió el pasado jueves en un comunicado el propio Flores a través del servicio de Prensa de la Diputación, que vetó el envió a esta Redacción del citado comunicado ese día. El carácter grave de su infracción fue omitido también en dicho texto. El edil luqueño abandonó la presidencia de Provicosa en abril, cuando ABC reveló el caso.
La Delegación de Obras Públicas, que dirige Francisco García, ha aplicado casi el máximo de la horquilla económica que el Real-Decreto ley de 1978 fija en su artículo 8: de 300 euros a 1.500 euros. Esta normativa, según fuentes de la Junta, era muy poco restrictiva con este tipo de prácticas irregulares. Desde 2005, la Junta de Andalucía es la encargada de esta materia con una ley más estricta que de haberse aplicado a Flores le hubiera supuesto una sanción de unos 25.000 euros como el mismo carácter «grave». De igual modo, con esta ley en la mano, la compraventa del piso por Telesforo Flores hubiese sido ilegal, al no permitirse disponer de otra residencia a la hora de ejecutar dicha adquisición.
«Lo que ha querido hacer la Junta en un acto de amiguismo es resolverlo como una especie de cortina de humo, con un expediente administrativo, que es una ilegalidad manifiesta, y una sanción totalmente ridícula, porque 1.200 euros es poco más que un sello de Correos», indicó ayer a este periódico el portavoz popular en la Diputación, Luis Martín, quien añadió que «nadie se explica cómo un alto cargo socialista, actual vicepresidente de la Diputación, alcalde de Luque, consigue cuando hay más de 5.000 personas esperando una VPO en Córdoba que se le adjudique una de ellas y no la ocupa».
Martín señaló que «la actitud personal del señor Flores debe ser la de dimitir y si no, lo tiene que cesar el presidente de la Diputación, porque ha cometido una ilegalidad». PP e IU ya pidieron en su día que Flores abandonara su vivienda ante la alta demanda existente de personas con pocos recursos. «La pregunta que debería de resolver la Junta es si sigue sin ocupar la vivienda», insistió el diputado popular.
