El número de docentes que cada curso se acoge en la provincia a la jubilación anticipada y voluntaria, la conocida como jubilación LOE (Ley Orgánica de Educación), podría duplicarse este año, el último en que los docentes acogerse al retiro voluntario gracias a una norma específica.
Los sindicatos de Enseñanza de la provincia apuntan que si en los últimos años se han jubilado una media de entre 180 y 200 docentes por curso al amparo del modelo LOE, en 2011 la cifra podría rozar los 400, ya que muchos profesores con edades entre los 61 y 64 años que no se acogieron al retiro voluntario anteriormente lo harán este año ante la futura reforma del Gobierno sobre la edad oficial de jubilación, que podría mantenerlos en las aulas hasta los 67 años.
Los representantes sindicales han podido comprobar estos últimos días el creciente interés del profesorado por el retiro anticipado, cuyo plazo de solicitud permanece abierto desde enero hasta el 1 de marzo. «Desde el regreso de las vacaciones de Navidad hemos recibido muchas consultas sobre la jubilación LOE y creemos que las peticiones van a ser masivas», apunta la presidenta de Enseñanza de CSIF, Elena García. Una percepción que comparte la propia Administración educativa, según fuentes de la Delegación de Educación.
Por si acaso
Desde Fete-UGT, el secretario de Enseñanza Pública de Fete-UGT, Francisco Peña, añade: «Aún no se sabe qué va a ocurrir ni con la reforma del Gobierno ni con la petición ante el Ministerio de Educación para que la jubilación LOE se prorrogue. Muchos docentes que cumplen el perfil van a pedir la jubilación por si acaso. Si luego cambian las cosas, siempre cabe la posibilidad de rechazarla», explica. La jubilación anticipada del profesorado se implantó en 1990 con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (Logse) y su objetivo es facilitar la renovación de las plantillas docentes con el acceso de profesores jóvenes. El requisito para acogerse a esta medida es tener 60 años y contar con 30 años de servicio, los últimos 15 ininterrumpidos.
Este modelo de jubilación establece una gratificación por la pérdida de poder adquisitivo, que varía dependiendo del cuerpo, el tiempo de servicio y la edad de jubilación, entre 60 y 64 años, de cada profesional. En el caso de los maestros de Primaria va desde 5.850 euros a los 18.484 euros, que se perciben con 60 años y 35 de servicio. La de Secundaria fluctúa entre 6.997 y 21.970 euros y en el caso de los catedráticos, entre 6.997 a 29.246 euros.
Desde su aprobación la vigencia de la jubilación anticipada ha tenido varias prórrogas hasta que la fecha de caducidad del modelo se fijó en 2011. Sin embargo, los sindicatos de Enseñanza siempre han mantenido la necesidad de prorrogar indefinidamente la medida y éste se ha convertido en uno de los puntos prioritarios de la negociación del Estatuto de la Función Pública Docente, que hoy día sigue sobre la mesa del Ministerio de Educación.
La semana pasada, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, declaró que su departamento está estudiando la viabilidad de establecer una prórroga de un año en la jubilación LOE a la espera de que concluya el debate del Pacto de Toledo y de la reforma del sistema de pensiones.
Asimismo, el ministro señaló que una vez se establezcan las condiciones generales de jubilación, habrá que abordar qué ocurre con los docentes, «en especial con aquellos que trabajan con niños pequeños o con adolescentes, que exigen una entrega afectiva y personal enorme».
Las palabras del ministro han contribuido a generar más confusión entre la comunidad docente, que no sabe a qué atenerse para el futuro. El responsable de Política Educativa de CC.OO., Juan Puerto, asegura que «ahora mismo todo son especulaciones» y que aún no hay respuesta clara del Gobierno a la petición de prórroga del sistema actual realizada por los sindicatos.
