MUCHAS veces he manifestado que la participación ciudadana, bien sea de forma individual o a través de las diferentes estructuras con las que se vertebra cualquier sociedad libre, es imprescindible para fortalecer la democracia. Sin esa participación, o no existe democracia o se degrada el sistema. Y considero que participar es implicarse en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos, para conseguir mejores resultados y una mayor eficiencia en los proyectos acometidos por los responsables políticos. Convencido de lo anterior, me extrañan sobremanera algunas declaraciones realizadas por quienes detentan la soberanía popular en nuestro Ayuntamiento. En mi derecho y obligación de participar, quiero hacer, desde esta tribuna, algunos comentarios.
Gracias a la libertad de expresión y a la independencia de algunos medios de comunicación, los ciudadanos de Córdoba hemos conocido que las empresas en las que el Ayuntamiento de Córdoba es el único accionista y, por tanto, el responsable de la gestión, presentan de manera reiterada unos resultados económicos lamentables que les ha llevado a demorar el pago a sus proveedores, por un tiempo superior al marcado por la Ley.
En primer lugar es necesario concretar nuestra realidad, para situarnos en el contexto en el que se realizan las declaraciones que quiero comentar. Hablamos de Córdoba, una ciudad que presenta un índice de paro muy superior a la media nacional, media que es preocupante. Más aún, si la comparamos con la existente en los países de nuestro entorno. De igual manera, la Córdoba actual presenta unas carencias de infraestructuras que representan una limitación importante para su desarrollo futuro. Por último, estamos hablando de un Ayuntamiento, el de Córdoba, gravemente endeudado, en un momento en el que refinanciarse, si no es misión imposible, es sumamente difícil. En este contexto, nos enteramos de que las empresas cuya gestión corresponde al Ayuntamiento de Córdoba, tienen, como he dicho anteriormente, unas pérdidas anuales importantes que hacen que las deudas con sus proveedores representen un mayor lastre para el desarrollo futuro de la ciudad. Para determinar con toda certeza el montante del problema, el Ayuntamiento debería exponer, de manera pública, las Cuentas Anuales de los últimos cuatro ejercicios en la página Web del municipio. De esa manera los ciudadanos de Córdoba podríamos participar e implicarnos en la gestión que realizan nuestros representantes. Ese sería el método más seguro para evitar juicios de valor erróneos o de escasa credibilidad.
Ante esta lamentable realidad económica, el pasado día 31 de enero, en el diario ABC Córdoba, tres expertos economistas y profesores universitarios, daban opinión personal y razonada sobre esta situación, fortaleciendo con ello la democracia, al participar de manera absolutamente independiente y gratuita en los asuntos públicos. Las opiniones eran en su mayor parte coincidentes. Una primera coincidencia estaba en la necesidad de profesionalizar las empresas municipales, para exigir que la eficacia en la gestión garantizara el buen fin del dinero de todos. Había sincronía igualmente, en el hecho de que muchas de estas empresas se han creado, sin una clara necesidad o, tal vez, actuando con una excesiva generosidad a la hora de contratar o marcar los sueldos de los contratados. En ambos casos, los expertos sólo estaban afirmando que hay que tener un respeto máximo con el dinero de nuestros impuestos. La frase, tristemente pronunciada por una ex-ministra del Gobierno de España y, para vergüenza nuestra, cordobesa, afirmando que «el dinero público no es de nadie», parece haber calado en algunas mentes poco escrupulosas. Digo esto, porque también coinciden los expertos en la irresponsabilidad de los gestores municipales, al haberse endeudado de manera excesiva, como si las deudas de las empresas públicas no hubiera que pagarlas, o, tal vez, pensando que a los ciudadanos de Córdoba se les puede subir los impuestos de manera ilimitada. En esta locura cometida a lo largo de los últimos ejercicios, tiene parte de culpa una oposición municipal que no ha sabido o no ha querido llevar a la opinión pública, una situación que ahora representa un auténtico freno para el futuro de esta ciudad.
Si lamentable y preocupante es todo lo anterior, la respuesta de los políticos ante estos hechos causa sonrojo. En declaraciones realizadas por los máximos responsables de Izquierda Unida a la prensa, se afirma que el papel de las empresas públicas, según modelo aceptado por esta formación política es, por encima de cualquier otra cuestión económica, el de servir como redistribuidoras de riqueza. Esto quiere decir que, según IU, la progresividad de los impuestos hay que llevarla hasta los servicios que prestan las empresas de capital público. Siempre se dijo que, lo justo es, impuestos progresivos y servicios igualitarios, que paguen más los que más tienen y que reciban más los que menos tienen. Pero el afán de control de nuestra clase política, altera el sentido común de las cosas, estableciendo que, para sus intereses, es conveniente impuestos y servicios progresivos. Pero esa progresividad en los servicios, la establecen ellos a su antojo, desde unas sociedades mercantiles, al margen de los cauces legales y cargando el resultado de la gestión en las espaldas de los contribuyentes. Esto es tremendamente grave. En otro momento de la rueda de prensa, estos mismos responsables políticos, justifican los resultados negativos, afirmando que responden a un deliberado objetivo de crear empleo. Decir eso en una Córdoba con un 28 por ciento de desempleo parece poco razonable. Pero es que, además, afirmar que los resultados negativos se producen, porque estas empresas han representado plataformas para crear empleo, imagino que muchas veces innecesario, es afirmar que la productividad de los trabajadores ha sido conscientemente negativa, cosa que daña la imagen de todos los que cobran nómina en dichas empresas. Personalmente, creo que esta afirmación ni es de recibo para los ciudadanos, ni respetuosa con los trabajadores.
Vuelvo al inicio de este escrito, presumiendo que nuestros responsables políticos, como demócratas que son, respetarán, aplaudirán e incitarán a participar en la vida pública a todos los ciudadanos. Igualmente, estoy convencido que celebrarán que los ciudadanos nos impliquemos en la toma de decisiones y en el juicio razonado de la gestión que se hace con nuestros impuestos. Por ello, nada mejor que suministrar una total y veraz información económica sobre dichas empresas e inmediatamente abrir debate. Pueden tener la seguridad de que, en Córdoba, hay cabezas capaces de aportar ideas, para mejorar una realidad que, en la actualidad, no es muy esperanzadora. Hay que perder el miedo a la democracia y a la participación en libertad. Hay que convencerse de que ese es el único camino para recuperar la confianza en una ciudad, como Córdoba, que no se merece estar en la situación económica que tristemente padecemos por culpa de todos, aunque no todos con el mismo grado de culpa. Por ello, y me repito, nada más necesario que llevar las empresas públicas, ¡a debate público!.
