Córdoba

La productora de «La mula» se querella contra el director y altos cargos de Cultura

Día 09/02/2011 - 09.17h

Ghekofilms acusa a Guardans de alinearse con los coproductores británicos para evitar el estreno de la cinta rodada en Montoro

Los tribunales de Justicia, y no las salas de cine, serán la próxima parada de la película «La mula», objeto de una encarnizada lucha entre su productora española, Gheko Films, y sus productores británicos, junto a los que está su director, Michael Radford.

Más de un año después de que terminara el rodaje en tierras cordobesas de forma precipitada por la marcha del realizador, Gheko Films interpuso en la mañana de ayer una querella criminal contra media docena de personas por impedir el estreno del filme. Entre ellos sobresalen dos nombres, el de Ignasi Guardans, ex director general del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, y el del propio Michael Radford.

El primero, que abandonó este puesto de alta responsabilidad en el Ministerio de Cultura después de una gestión marcada por la polémica, se enfrenta a la querella por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y corrupción en transacciones comerciales internacionales.

El abogado de la empresa productora que dirige Alejandra Frade, Alberto Salido, explicó que los hechos se remontan al pasado mes de septiembre, cuando Gheko Films intentó realizar los trámites pertinentes para poder comercializar la película. Michael Radford había abandonado el rodaje, que se estaba realizando en Montoro. La productora entonces decidió terminar el trabajo y confió a Teresa Font el montaje de la cinta, un trabajo fundamental para el resultado final de la obra. El propio Radford conoció una primera propuesta, que tachó de «incoherente», pero se rehizo con sus sugerencias.

La calificación

La productora mandó entonces la cinta al Ministerio de Cultura para proceder a su calificación, el trámite necesario para que pudiese llegar a las salas comerciales. El ICAA tenía entonces que proceder a calificarla por edades antes de que se pudiera exhibir en las salas, pero no lo hizo. Según el abogado, la Ley obliga a Cultura a calificarla, no puede evitar hacerlo. Sin embargo, no se hizo, con lo que Guardans cumplió su promesa de impedir la distribución de la cinta hasta que la lucha entre las distintas partes de la producción no se resolviera.

Al interesarse por la situación, los representantes de la productora tuvieron acceso al expediente de «La mula» en el Ministerio de Cultura, donde, según el abogado, figuraban una serie de correos electrónicos intercambiados entre Guardans y los responsables británicos de la película, entre ellos el propio director. En ellos, y siempre según la versión del letrado, se instaba al organismo dependiente del Ministerio de Cultura a impedir la distribución del filme, que Gheko quería haber llevado a cabo el pasado otoño, y con la firma del propio Michael Radford.

Sin haber conocido estos textos, la productora siguió con el proceso y calificó la película como tolerada para mayores de siete años. Al no contestar el Ministerio de Cultura, se entendió que se tenía esta calificación por silencio administrativo, pero se volvió a impedir mediante la declaración de lesividad, un recurso extremo, según el abogado, porque interpreta que la distribución de «La mula» atentaría contra el interés general.

La existencia de estos correos electrónicos en los que la parte británica insta a no permitir la distribución de la película hace que Gheko Films espere que se puedan demostrar los hechos por los que se realiza la querella, «ya que la prevaricación siempre es difícil de demostrar».

Presiones

A Michael Radford se le atribuyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en transacciones comerciales, algo que sucede con cuatro personas más: John Woodward, ex director ejecutivo del Consejo de Cinematografía del Reino Unido; Simon Perry, director del organismo equivalente en Irlanda; James Morris, presidente de este mismo organismo, y Tristan Orpen Lynch, administrador de Subotica, la coproductora irlandesa. Todos ellos habrían presionado para conseguir que el Ministerio de Cultura no autorizase la distribución de «La mula».

También está entre los querellados María del Carmen Hernández Antolín, anterior subdirectora general de Fomento de la Indistria Cinematográfica y Audiovisual, por un presunto delito de prevaricación.

Junto con el pleito derivado de la marcha de Radford del rodaje antes de terminar, está el que el director ofreció a Gheko Films comprar su parte en la película a cambio del precio simbólico de una libra esterlina. Las subvenciones que la película obtendría en el Reino Unido e Irlanda compensaría a la parte española, que no aceptó este acuerdo.

«La mula» se rodó en Montoro en el año 2009 tras una larga gestación y tenía que ser un reflejo del final de la Guerra Civil en tierras cordobesas. No en vano, se basa en la novela homónima de Juan Eslava Galán, que se desarrollaba en el término municipal de Peñarroya-Pueblonuevo en los últimos meses de la contienda. Sus protagonistas fueron María Valverde y Mario Casas, aunque por el momento seguirán sin verse en las salas.

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