En el último año elGuadalquivir ha rebosado dos veces de forma dramática para centenares de familias que tuvieron que abandonar a toda prisa sus casas, la mayoría de ellas ilegales, ante el ímpetu del río. A pesar del tiempo transcurrido entre los dos episodios de fuertes lluvias —el jueves se cumplirá un año del primero—, agravados por desembalses muy cuestionados, el futuro para las cerca de 500 parcelas situadas en la zona de peligro continúa cubierto de negros nubarrones.
En medio del desconcierto de los afectados, las administraciones reaccionaron co medidas de emergencia social (realojos y manutención), así como con el arreglo de los cuantiosos destrozos que dejaron las sucesivas riadas. Prometieron un aluvión de ayudas, algunas de las cuales aún no han llegado a sus beneficiarios, y crearon una catarata de comisiones —funcionan hasta cuatro mesas con encargos diferentes— que aún no han sacado ninguna solución en claro. Aparte de hacer recuento de daños, y hacer propósito de enmienda para mejorar los protocolos de coordinación en caso de emergencia y fijar arreglos en infraestructuras destrozadas, lo único que ha trascendido son las fotos de las tres reuniones celebradas con alcaldes de las zonas afectadas.
La leve autocrítica y diligencia inicial que mostraron las instituciones ha dado paso, a medida que se apartaba el foco mediático, a una cierta indolencia general. Quien pensara que todos habían aprendido la lección, como auguró el alcalde, Andrés Ocaña, se equivoca. A día de hoy es muy improbable que se mueva un papel para buscar una solución urbanística al problema a tres meses de las elecciones locales, teniendo en cuenta el peso que tiene el «factor parcelista» en las urnas. De hecho, pese a burlar el planeamiento, los vecinos han logrado una normalización encubierta de su situación con la concesión de licencias de agua, luz y el pago del IBI Urbana.
Cualquier insinuación de tirar casas irregulares se ha topado con las quejas de desarraigo de las familias que viven en la ilegalidad, en gran medida con la indiferencia cómplice de las administraciones, especialmente el Ayuntamiento —que tiene el control urbanístico—. Durante años, han mirado para otro lado, hasta que el problema les ha desbordado. La riada ha dejado en evidencia que existían prohibiciones de edificar que han quedado en papel mojado; planes de mejora del medio rural (para mitigar las avenidas) que no han presentado los propietarios ni los ha exigido el Consistorio, y programas para frenar inundaciones, como el aprobado por la Junta en 2002, que han servido para amueblar las estanterías de los despachos, a la vista del bajo nivel de ejecución que a día de hoy aún presentan. Siguen, igualmente, pendientes arreglos en arroyos convenidos entre el Consistorio y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 2006.
Sólo la propuesta municipal de permutar casas ilegales que invaden en zona de dominio público hidráulico y sean primera residencia, a cambio de que sus dueños costeen el derribo, ha aportado alguna novedad a la falta de respuestas urbanísticas a un fenómeno de gigantescas proporciones y con pies de barro. Este desastre urbanístico consentido durante estos años provocó la diáspora de 900 familias de distintas zonas de la ciudad. Aproximadamente nueve de cada diez viviendas inundadas en Córdoba —a excepción de algunas calles de Alcolea y Encinarejo— eran ilegales.
Sin embargo, hasta esta idea del alcalde, que cuenta en principio con el beneplácito moral —que no apoyo económico— de la Junta de Andalucía, ha encallado a las primeras de cambio en un arrecife de dudas legales y recelos por parte de los afectados. De momento, está en el aire. El gerente de la promotora Vimcorsa, Rafael Obrero, informó a ABC de que «hay gente que podía estar interesada, pero no hay nada definitivo». Además, la empresa que ha coordinado las ayudas municipales tiene previsto reunirse con responsables de la Delegación de Obras Públicas y de la Dirección General de Vivienda —en manos de la anterior presidenta de Vimcorsa— para «estudiar» el encaje de la inscripción de los afectados en el registro de demandantes de VPO con carácter prioritario.
Riada de subvenciones
De los que no han podido regresar a sus casas tras las inundaciones de diciembre, 32 solicitaron ayudas (hasta 250 euros) para alquilar un piso durante dos meses. Sólo en el caso de que acometieran el derribo de sus casas pueden prorrogarlas dos años más. A ellas se suman las 22 familias afectadas por la catástrofe de febrero que se acogieron a subvenciones de Vimcorsa (incluyendo las viviendas desalojadas en Olivos Borrachos y las de Venerable Santiago (El Arcángel).
De las 455 casas anegadas en la segunda riada, sólo 17 mantienen los precintos, sin que se vislumbre una solución a corto y medio plazo. Al ser irregulares, tampoco pueden pedir licencias para arreglar los desperfectos provocados por la incontenible virulencia del agua. Pese a ello, casi un mes y medio después de la segunda gran riada que vivió la capital, el grueso de los afectados volvió a sus casas, pese a que nada puede asegurarles que tengan que dejarlas otra vez por fuertes lluvias aunque nada excepcionales, como puntualizó la Agencia de Meteorología.
Poco tardaron en lloverle las quejas de los afectados, organizaciones agrarias y el propio Ayuntamiento a la Agencia Andaluza del Agua. Culparon a una caótica gestión de la política de desembalses desde que asumió la competencia.
