IU y PSOE prefirieron no mojarse ayer sobre el debate de derribar o regularizar las viviendas anegadas por las riadas al considerar sus respectivos alcaldables, Andrés Ocaña y Juan Pablo Durán, que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) «ya salva el tema de la regularización al especificar qué parcelaciones son regularizables y cuáles no» a través de los llamados planes especiales de mejora rural. Y es que expertos consultados por ABC consideran que sólo existen esas dos opciones, contando para ello con la modificación de las actuales normas a fin de buscar un encaje para que algunas de esas viviendas pudieran pasar a ser legales.
«Lo que no podemos a estas alturas, en pleno siglo XXI, es reabrir debates que ya se han tocado 20 millones de veces, y el Plan General está ahí y sirve para algo», comentó Ocaña, quien añadió que «a ver si ahora va a venir alguien a reinventar el planeamiento urbanístico obviando la legislación y todo el trabajo realizado hasta la fecha». En su opinión, el PGOU está basado en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que «si alguien pretende otra cosa que no sea lo que indica el Plan tendrá que empezar cambiando las leyes andaluzas».
No obstante, tras considerar una «irresponsabilidad totalmente fuera de lugar» volver a tocar el dilema delos derribos frente a las regularizaciones, Ocaña prefirió no entrar en ese tipo de debates.
Respecto a la retirada de los lodos que a fecha de hoy sigue impidiendo la vuelta a sus casas de numerosos parcelistas, el regidor apuntó haber requerido a la Agencia Andaluza del Agua para que lleve a cabo un tratamiento y mantenimiento del cauce del Guadalquivir, «y parece que la voluntad que tienen es la de actuar de alguna manera al respecto».
Algo muy similar comentó por su parte el socialista Juan Pablo Durán, para quien la referencia es también el PGOU, que determina cuáles de esas viviendas son reconducibles y cuáles no. Para estas últimas, el alcaldable del PSOE recordó que desde el Ayuntamiento se han puesto en marcha medidas tanto para el realojo en alquiler o la opción de poder entrar en un concurso para una VPO a cambio de derribar su actual vivienda, que tiene un coste de unos 12.000 euros. «Una medida a la que apenas hay familias que se hayan acogido».
Por su parte, el candidato del PP, José Antonio Nieto, prefirió optar por la solución menos traumática. Es decir, la regularización de las parcelas una vez que se hayan aplicado las medidas que sean necesarias para evitar que esos terrenos dejen de ser inundables. Y eso es precisamente uno de los puntos de reivindicación de la recientemente creada Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir.
Evitar las inundaciones
«Creo que siempre que haya una posibilidad de evitar las inundaciones, hay que explorarlas y, una vez que se eviten y ese suelo deje de ser inundable, se abre la posibilidad de que pueda producirse una regularización», sentenció el líder popular.
De igual modo, Nieto coincidió con el alcalde al solicitar que la Agencia Andaluza del Agua «dejara de mirar para otro sitio» y lleve a cabo actuaciones «para evitar los daños que el río está causando a la ciudad». Es más, si esas actuaciones permitieran que las parcelas levantadas en suelo inundable dejaran de serlo, «habría que darles el mismo tratamiento que al resto de parcelaciones que se hallan en proceso de regularización».
Pero no todas van a poder entrar en el mismo saco de la normalización. Son las que por encontrarse extremadamente cerca del Guadalquivir con la menor crecida quedan anegadas, y de ellas hay 14 precintadas. Para este caso, Nieto consideró que «habría que buscar un entendimiento con los vecinos para trasladarlos de esa zona tremendamente peligrosa, porque es un grave riesgo real para niños o mayores que se juegan la vida al quedarse a vivir allí».
El problema, según el PP, es que un año después de las inundaciones «no se ha hecho nada», y si vuelven a producirse unas lluvias similares, «va a ocurrir exactamente lo mismo» que en febrero de 2010.
