R.C.
Protesta en Córdoba por la reordenación del sector público de la Junta
PP y CSI-CSIF apoyaron ayer la decisión del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) en Córdoba de denunciar ante la Fiscalía a la mayoría de delegados provinciales del Ejecutivo andaluz por no facilitarle información sobre la cifra de empleados externos con que cuentan sus departamentos, las tareas que desempeñan o los contratos que tienen. Para Safja, la negativa a comunicarle el listado de este tipo de personal y las vinculaciones laborales que les amparan podría suponer un presunto delito de prevaricación.
El parlamentario del PP por Córdoba y presidente provincial de esta formación, José Antonio Nieto, sostuvo que su partido también ha pedido los citados datos en la cámara autonómica. Y, sin embargo, se han encontrado con que la Junta los oculta de «una forma inconstitucional».
Apuntó que «queremos saber cuál es el personal de la Administración paralela». «No se sabe cuántos hay ni lo que nos cuesta», añadió. Indicó que, con otra actitud de la Administración regional, se evitarían situaciones como la sucedida actualmente, en la que Safja, tal y como avanzó ABC, ha tenido que acudir al Ministerio Público para intentar lograr esta información. Y sostuvo que, si ahora los delegados se ven ante problemas con la ley, «no los hubieran tenido si hubieran facilitado» estos datos.
Crítica de IU
Más escueto fue el parlamentario de IU por Córdoba, José Manuel Mariscal. Dijo que, si este sindicato obra así, será porque «cree que tiene elementos para realizar la denuncia. La Justicia decidirá». Eso sí, matizó que «Junta y transparencia en general son dos términos antagónicos».
Safja, a través de su presidenta en Córdoba, Concepción Ramírez, se ratificó en su postura. Incluso, fue más allá. Su máxima responsable provincial indicó que «nos iremos a la vía penal y presentaremos una denuncia ante los juzgados» si la Fiscalía no ve indicios para abrir una causa.
Sostuvo que «llegaremos hasta el final de la vía legal para intentar averiguar» la cifra del personal externo, sus competencias y cuáles son sus vinculaciones laborales.
Y desgranó estas cuestiones. Sobre la última, avanzó que «nos consta que ha habido contratos en fraude de ley». Luego, denunció que en las delegaciones «se ha colocado a trabajadores que no eran necesarios». «Si para darles trabajo a ellos, se lo han quitado a los funcionarios», siguió, para apuntar que «se trata de gente afín al partido y a determinados sindicatos» en alusión al PSOE, CC.OO. y UGT.
Y recordó que lo que vienen denunciando desde que la Junta inició el proceso de reordenación del sector público —primero, por decreto y, luego, con una ley—, es que «se consolida a un personal que no ha entrado en la Administración por las vías que la Constitución dice».
Por su parte, la presidenta del sindicato CSI-CSIF en Córdoba, Francisca Carretero, indicó que le parecía «bien» la iniciativa de Safja de acudir a la Fiscalía, porque defiende que se pida transparencia a las Administraciones y esa «es la línea que hemos llevado siempre». «Estamos de acuerdo con quienes pidan lo mismo que nosotros», añadió. Apuntó que CSI-CSIF también solicitó la información relativa al personal externo sin éxito.
La noticia avanzada por ABC en su edición de ayer despertó un gran interés en la web del periódico, en la que quedaron registrados numerosos comentarios sobre ella.
