Los exhortos judiciales, escritos remitidos por un juzgado a otro para requerirle información sobre las diligencias efectuadas en un procedimiento que se está tramitando, traende cabeza a los titulares de los órganos de lo Penal. El problema no es otro que los retrasos en su cumplimentación, que mantienen paralizados muchos asuntos. Algunos, aguardan desde hace casi medio año.
Casos usuales de exhortos suceden cuando, en el curso de una causa, un togado necesita que sea ejecutado un acto procesal (una declaración de testigo, por ejemplo) fuera del territorio de su propia jurisdicción, y para ello precisa la ayuda del juez destinatario que tiene competencia sobre el territorio donde ha de realizarse dicho acto. También se remiten exhortos para comunicar sentencias cuando los procesados residen en otros municipios.
Los juzgados que más tardan en remitir los citados exhortos a los órganos cordobeses son los de Primera Instancia e Instrucción de Priego y Baena, y los de Paz de Posadas y Hornachuelos.
Hay casos en los que desde los propios Penales se remiten las comunicaciones preceptivas directamente a los interesados, «pero en otros, como por ejemplo un llamamiento para comparecer en un juicio, la citación ha de ser personal; a veces, se han tenido que suspender vistas porque no ha comparecido algún testigo, ya que no se le había avisado», indicaron fuentes judiciales.
También ha sucedido que, después de dictarse una sentencia, su ejecución ha tenido que esperar al exhorto. «Y es que hasta que nosotros no tenemos constancia de que se ha comunicado el fallo al interesado, no podemos proceder a su aplicación; así, se han dado casos de condenados a prisión que han tardado varios meses en ingresar», afirmaron las mismas fuentes.
El problema radica en la elevada carga de trabajo que soportan los juzgados más tardones. «Las plantillas son escasas para todos los asuntos que llevan; no es raro que se demoren con los exhortos, porque dan prioridad a los asuntos que les atañen. Pero, claro, nos perjudican a nosotros».
Medallas a Ranz y Acosta
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en sesión de fecha 25 de febrero de 2011, previo informe favorable de la Comisión de Ordenación Profesional y Colegial, acordó conceder a los letrados cordobeses María Cristina Ranz Garijo y Francisco Acosta Palomino la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía, según informó ayer el Colegio de Abogados de Córdoba.
