La ex alcaldesa Rosa Aguilar negó ayer a regañadientes las acusaciones del empresario Rafael Gómez de haber obtenido de «quienes mandaban en el Ayuntamiento» en 2005, cuando ella era regidora y se levantó este inmueble, un «consentimiento verbal» para construir sin permiso dichas naves y de haber llegado a un acuerdo con ella para que le rebajara la multa por esta construcción ilegal de 24,6 millones a 6.000 euros.
La actual ministra de Medio Ambiente, que acudía a Córdoba a dar una charla, se quiso quitar el tema de encima rápido: «Todas las actuaciones que se llevaron a efecto en los diez años en los que fui regidora estuvieron presididas por la legalidad». «Nada más tengo que decir», afirmó, sin poder frenar, luego, un aluvión de cuestiones.
Las acusaciones de Gómez han provocado que Ecologistas en Acción haya anunciado que acudirá al Tribunal Supremo para intentar que se procese a Aguilar por un presunto delito de prevaricación. Primero, la tomó con la periodista que le pidió su opinión —«Me preguntan unas cosas que a veces hieren por la falta de sentido que tienen»—; pero luego se centró en el fondo de la cuestión: «Me da igual, pues todo está realizado bajo la legalidad». «Como todo es claro y es legal, simplemente basta ir a los expedientes y comprobarlo», sentenció.
Y ahí, a los expedientes, los mismos que evidencian que nunca se precintaron las naves, mandó una y otra vez a los medios cuando se intentaba profundizar. Al ser interrogada por si hubo un «consentimiento verbal» para que Gómez levantara las naves sin licencia, reiteró que «los expedientes son públicos y cualquier cordobés puede verlos». Y en ellos, argumentó, se comprobará que «se ha obrado en esta ciudad siempre sobre el principio de legalidad». Cuando se le preguntó por si hubo un compromiso para rebajarle la multa a Gómez, más de lo mismo. Animó a los periodistas a que comprobaran los expedientes.
No pareció gustarle la cuestión sobre si había mantenido reuniones con Gómez para tratar sobre la sanción de marras. Y soltó una generalidad: «Ha habido algunas reuniones con empresarios que tuve en Alcaldía que han relatado en sus medios».
Ley Electoral
Por otro lado, PP y PSOE lamentaron ayer que, como avanzó ABC, la Ley Electoral no impida presentarse a las municipales a quienes tengan deudas con el Ayuntamiento. Estos dos partidos, así como IU, estudiaron el artículo 177.2 de la citada norma, relativo a la inelegibilidad de los deudores que sean candidatos, por si se podía aplicar a Gómez. Dicho punto sostiene que «son inelegibles como alcalde o concejal los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente Corporación Local contra quienes se hubiera expedido mandamiento de apremio embargo por resolución judicial». Gómez tiene deudas —ninguna de ellas es firme en los tribunales— con el Ayuntamiento por valor de unos 30 millones. Pero el estado de tramitación de las sanciones no influye en que Gómez se pueda presentar. El citado artículo es inaplicable, según uno de los mayores expertos derecho electoral.
El alcaldable del PP, José Antonio Nieto, sostuvo que la Ley Electoral tiene cosas buenas y malas En este último apartado metió el hecho de que «permita que pueda haber un candidato que en campaña diga que no va a pactar y al día siguiente decida lo contrario. Eso es un fraude a los ciudadanos. Como ese fraude, hay otros muchos, y este puede ser uno de ellos dijo en alusión a Gómez».
Su homólogo en el PSOE, Juan Pablo Durán, también se mostró crítico. Sostuvo que «no me parece una buena fórmula que una persona pueda presentarse a alcalde» cuando mantiene deudas con su Ayuntamiento y, sin embargo, ese mismo motivo le inhabilita para «concursar en una licitación pública» del Consistorio. Por su parte, el regidor y alcaldable de IU, Andrés Ocaña, pasó de puntillas sobre la cuestión: «Yo no soy quien ha elaborado la Ley Electoral ni quien la tiene que administrar».
