No tienen que atravesar ningún arco de seguridad, ni pasar sus pertenencias por un escáner. Y, por supuesto, no son cacheados. Tan sólo se apela a su buena voluntad como trabajadores del centro penitenciario. Sin embargo, la detención de dos de ellos por, presuntamente, introducir cocaína para distribuirla entre los reclusos, ha puesto en entredicho el protocolo de acceso al recinto carcelario.
Desde el propio centro e Instituciones Penitenciarias se declinó «revelar» las medidas de control que se llevan a cabo; sin embargo, según ha podido saber este periódico, son inexistentes o, más bien, no se aplican a los empleados.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), su delegado en Córdoba, Alfonso Carrasco, apuntó a este respecto que «los propios funcionarios están indignados con lo que ha sucedido y estoy convencido de que agradecerían que hubiese mayor control de los propios trabajadores. Sería necesario utilizar medidas de seguridad más serias para evitar estos episodios».
En Córdoba ésta ha sido la primera vez que sale a la luz el arresto de dos empleados penitenciarios por estos motivos; pero se trata de algo que sucede con cierta frecuencia en otras cárceles españolas.
Generalmente, los funcionarios corruptos introducen alcohol, hachís, cocaína y fármacos, pero huyen de la heroína porque es difícil para ellos conseguirla fuera, indicaron fuentes conocedoras de la realidad en estos recintos. El trabajador que mete droga suele tener un preso, sólo uno, que es su contacto. Cuando las cantidades son importantes, el empleado no cobra dentro de la cárcel sino que la familia del recluso hace transacciones bancarias desde el exterior.
Otra de las puertas de la droga es el suministro de alimentos y mercancías. No obstante, la entrada de productos está más supervisada. Son generalmente los chóferes los que contactan con los internos.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) aseguran que los estupefacientes entran de otras muchas maneras. De hecho cualquier persona que entre y salga al exterior puede introducirla, según el delegado de este colectivo, Valentín Aguilar.
Entre ellas se encuentran los familiares de los reclusos. «Inventan todo tipo de artimañas para no ser descubiertos, como esconder las sustancias, por ejemplo, camufladas en los pañales de un bebé», manifestó el delegado de la AUGC.
Más vías
Aunque todos los visitantes tienen que pasar obligatoriamente por el arco de seguridad, lo cierto es que los cacheos son aleatorios y, en ocasiones, escapan a los controles de acceso.
Otra de las vías de entrada son los propios reos cuando regresan de un permiso penitenciario. A ellos, por lo general, siempre se les registra y se les suele hacer alguna prueba para comprobar si han consumido mientras han estado fuera.
No obstante, pese a que se adoptan estas medidas, «es imposible controlar de una forma exhaustiva a todos los presos», indicó Carrasco.
Así, estos exámenes más completos no están prefijados y se practican previo chivatazo. Si el recluso no quiere someterse a una radiografía, la única forma de detectar si lleva droga en su cuerpo, hay que pedir la autorización a un juez.
Los programas de rehabilitación de toxicómanos en el centro penitenciario cordobés están en manos de asociaciones como Acali, Proyecto Hombre o el Centro Provincial de Drogodependencia. Sus trabajadores entran a diario, imparten terapias de grupo e individuales y realizan controles médicos a los reclusos usuarios de los programas. No obstante, resulta imposible para estos colectivos atender a toda la población interna con problemas de drogadicción. Como muestra, un botón: más del 80 por ciento de los alrededor de 1.900 internos que cumplen condena en Córdoba sufre alguna adicción.
