Que las cosas de palacio van despacio es una máxima con múltiples ejemplos en Córdoba. Uno de ellos es el proyecto de centro cívico para el barrio de Fátima, un equipamiento que los casi 20.000 vecinos de este barrio del distrito de Levante llevan seis años esperando. El alcalde, Andrés Ocaña, anunció ayer que esta instalación, ubicada en el edificio administrativo de la antigua prisión provincial, abrirá sus puertas a lo largo de este año, aunque no especificó una fecha concreta.
Fue allá en el 2005 cuando se procedió a derribar el centro penitenciario, en desuso desde el año 2000. Fue con la demolición cuando se decidió que una parte de la cárcel, concretamente la zona de oficinas —el único inmueble que se mantuvo en pie—, se destinaría para que se convirtiera en el centro cívico del barrio.
Tuvo que llegar el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Feesl) para que el Ayuntamiento acometiera las obras para dotar a Fátima de este equipamiento, que también dará cabida a un centro de día de mayores. De esta manera, se descongestionará el recinto ciudadano ubicado en la avenida de Carlos III, que el propio Consistorio ha reconocido que se encuentra masificado.
Ocaña indicó que el proyecto se ha programado en dos fases, correspondientes a las dos mitades en las que se divide el edificio donde se está actuando. Será antes de que termine 2011 cuando acabe esta primera parte de las obras, cuyo coste supera los 700.000 euros. Más adelante, se ejecutará la otra fase, aunque eso, según el alcalde, no impedirá que los vecinos puedan disfrutar este año de este equipamiento, que contará con una biblioteca y un salón de actos con capacidad para unas 200 personas, entre otras dependencias.
El representante de la Asociación de Vecinos Amanecer de Fátima, Francisco Bellido, consideró «maravilloso» que el barrio vaya a contar por fin con esta instalación. Sin embargo, reclamó al Ayuntamiento que no dilate la dotación de equipamiento al edificio una vez que las obras lleguen a su conclusión con el objetivo de que los residentes puedan hacer uso del recinto con rapidez.
El acuerdo sellado en 2008 entre los vecinos y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) —entidad estatal propietaria de los terrenos de la antigua prisión provincial— era que, aparte del centro cívico, se construirían allí 190 viviendas, de las que un 30 por ciento serían de protección oficial, así como 419 plazas de aparcamiento y zonas verdes.
Ocaña y Bellido confirmaron que hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación de SIEP sobre este proyecto. El dirigente vecinal consideró «lógico» que la parte correspondiente a los pisos esté paralizada por la crisis. Sin embargo, indicó que es necesario dotar al barrio de más estacionamientos, por lo que incluso solicitó a la entidad estatal y al Consistorio que habiliten provisionalmente el solar para que los residentes puedan aparcar sus vehículos.
