Era la concejala de Urbanismo, pero no sabía nada del área que tenía encomendada. Esas fueron las palabras que ayer pronunció en el juzgado Isabel María Márquez, ex edil de IU y responsable de Obras en el Ayuntamiento de Montalbán acusada de un delito contra la ordenación del territorio por autorizar la instalación de una línea de media tensión y centro de transformación en fincas agrícolas a sabiendas de que iba contra la normativa urbanística. Entre las naves beneficiarias, ubicada en los polígonos El Sobrante y La Laguna, se encuentra una del alcalde del municipio, José Cañero.
La investigación del fiscal comenzó a raíz de una noticia publicada en ABC en julio de 2009 que reveló la construcción de una conducción que llevaba electricidad a la finca del regidor, construida en suelo rústico. Durante la vista oral, Márquez declaró que, cuando firmó la polémica autorización, apenas llevaba dos meses en el cargo. «Entiéndanme. Soy auxiliar de enfermería. No sabía nada de Urbanismo», señaló.
Informes en contra
Reconoció que tan sólo «leyó por encima» los documentos y, pese a que dos informes del Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación provincial y uno más de la secretaria del Ayuntamiento pusieron de manifiesto que el proyecto no se adecuaba al planeamiento urbanístico de aplicación, la ex edil dictó decreto por el que autorizaba la realización de las obras. «No creí que esos escritos fueran vinculantes. Además, ponía que no se adecuaba, pero no sabía que era ilegal», dijo Márquez.
A preguntas del Ministerio Público, que planteó a la procesada por qué, pese a no tener conocimientos en materia de Urbanismo ni conocer siquiera la LOUA, suscribió sin más el expediente, Márquez respondió que «lo vi claro, porque en esa zona —donde se encuentran las naves— sólo hay fincas agrícolas. Además, yo no escribí esa autorización, sólo la firmé»
—«¿Y usted firma los documentos sin leer?», le volvió a preguntar la fiscal, ante lo cual la procesada calló.
Por su parte, el alcalde, también de IU y que se abstuvo del procedimiento por ser interesado en el mismo y delegó en la acusada, declaró ayer como testigo que «es incierto que quisiera beneficiarme, porque yo no promoví la petición de la línea de media tensión». Sobre la procesada señaló que «siempre tenía muchos papeles en la mesa; no creo que le diera lugar ni a verlos. Además, en el Pleno se aprobó la autorización sin que ningún partido dijera nada en contra».
En cuanto al informe del SAU que exigía que las naves para las que se iba a colocar la instalación debían contar con el debido proyecto de actuación, Cañero dijo que «teníamos la autorización administrativa de la Junta; no entendíamos que fuera necesario pedir nada más». No obstante, la fiscal desmontó este argumento, puesto que el citado informe de la Administración autonómica fue posterior a la concesión de la licencia para la realización de la línea y centro de transformación.
La secretaria del Consistorio, que también compareció como testigo, explicó con claridad que «me basé en los informes del SAU para elaborar el mío. Y estos dejaban claro que las obras no se adecuaban al planeamiento urbanístico», dijo.
La procesada se enfrenta a la pena de un año y dos meses de prisión, e inhabilitación especial durante ocho años para empleo o cargo público.
Cabe recordar que la noticia destapada por este periódico generó una gran polémica en la localidad y en la corporación municipal. Tanto el PP como el PSOE solicitaron la dimisión del alcalde. Es más, los socialistas denunciaron que esta actuación, además de constituir un posible caso de prevaricación, también afectaba a la ordenación del territorio puesto que se llevaba una línea eléctrica a suelo rústico, «fomentando la aparición de núcleos residenciales de carácter ilegal».
