El Córdoba sigue ajustándose a los tiempos difíciles que ahora le está tocando vivir. Con una economía de guerra, en la que anda escaso de liquidez, el club sigue buscando fórmulas para la autofinanciación, que es la única vía para la subsistencia. Sin embargo, en la casa blanquiverde saben que el problema es compartido con otras muchas entidades de la categoría.
El caso es que tras varias tentativas de venta frustradas, al Córdoba sólo le queda esperar a que lleguen tiempos mejores mientras que se reconduce el mundo del fútbol, que sigue asistiendo a complicados episodios como el anuncio de plante de los jugadores del Rayo. Con todo, el asunto de la compraventa no es algo que se haya descartado. Para ser más concretos, por la puerta de Prasa siguen pasando interesados en adquirir el paquete accionarial mayoritario del club, si bien se ha optado por tomar un talante más discreto.
Pero, hasta que se concrete alguna operación de las que se mantienen en curso, el grupo de empresas presidido por José Romero ha de hacerse cargo y como alternativa principal se queda el acogimiento a un concurso de acreedores. Sin embargo, esta medida está en un proceso de «estudio», según comunicaron a ABC fuentes de la entidad blanquiverde.
El Córdoba, en un principio, ha retomado las negociaciones con los proveedores con los que mantiene una deuda. Concretamente, el club arroja un pasivo cercano a los 9 millones de euros, que era la cantidad por la que iba a ser traspasado en las operaciones que se efectuaron tanto en diciembre como en enero. Pero ni con Augusta BC ni con Signum se acabaron de cerrar.
De hecho, se da la circunstancia de que tanto la opción italiana como la madrileña contaban en su hoja de ruta con una resolución muy particular. Una vez efectuado el pago de los 3,5 millones iniciales del montante del traspaso, tenían en sus previsiones someterse a un concurso de acreedores con el fin de refinanciar de una manera muy aseada a la sociedad anónima deportiva en un medio plazo. En este sentido, se cogió como modelo el caso del Granada, inmerso en un proceso concursal pero sustentado por un convenio de colaboración con el Udinese.
Ahora, la entidad blanquiverde ha iniciado esos contactos, que sirven para sondear el aplazamiento de la deuda. En este caso, el vicepresidente Antonio Prieto es el que está llevando un papel principal. El Córdoba, pese a sopesar la opción de adscribirse al concurso de acreedores, judicialmente sólo se ha limitado a elevar «consultas», circunstancia que se encuadra como antesala a la declaración de un preconcurso. Según se recoge en la ley, el consejo de administración dispondría de un plazo de cuatro meses para llegar a acuerdos. Si se concretaran acuerdos, el Juzgado de lo Mercantil procedería a establecer un administrador. De todos modos, la primera opción que se baraja por parte del Córdoba está en llegar a un acuerdo para fraccionar el pago de la deuda con Hacienda en varios plazos. Así, la entidad blanquiverde no varíaría la situación actual, si bien debería aplicar un selectivo plan de reajustes a la baja en el presupuesto.
Pese a que el sometimiento a la Justicia tiene sus complicaciones, como el hecho de que la sociedad no podría recurrir a un segundo concurso de acreedores en el caso de nuevas dificultades, lo cierto es que le ayudaría a encontrar el equilibrio. Por lo pronto, se facilitarían los procedimientos para que los embargos de Hacienda y Seguridad Social, que hoy pignoran los ingresos de los derechos de televisión, fueran liberados y dotar de liquidez para el regular funcionamiento de la entidad. Además, esta situación, que ya se ha repetido en otros puntos de la geografía española, impediría un descenso administrativo, situación arriesgada una vez que actualmente se adeuda dos nóminas a la plantilla. Temporadas atrás, esta circunstancia salvó al Sporting o al Levante. Incluso, en el apartado deportivo, la medida podría facilitar una serie de medidas. Por ejemplo, en el pasado mercado invernal el club no pudo lanzarse al mercado al estar denunciado por un club, el Real Madrid, y algunos ex jugadores por impagos. Inmerso en el proceso concursal, el juez administrador contaría con la potestad de levantar la prohibición para dar de alta a nuevas fichas alegando que «sería por la viabilidad del proyecto».
