R. CARMONA
Luis Berenguer, ayer, con el presidente de Cajasol, Antonio Pulido
El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, participó ayer en la segunda conferencia del Foro Economía&Sociedad-Diálogos Córdoba en el hotel AC Palacio, bajo el patrocinio de Asfaco (patronal de grandes fabricantes), Cajasol y Enresa.
Berenguer defendió que «favorecer más la libre competencia ayudaría a España a salir antes de la crisis». Y argumentó su postura: «La experiencia histórica así nos lo dice». Para ello, se remontó a lo sucedido en Estados Unidos en los años 30, cuando, recordó, se derogó en ciertos casos la legislación de la competencia, buscando que nacieran carteles y que hubiera un control de los precios por pactos de empresas para «salir de la crisis». «Y fue un auténtico fracaso. Al permitirse los carteles, aumentaron los precios, se redujo la demanda y eso disminuyó la oferta, con lo que hubo más paro», rememoró.
Precisamente, sobre el tema de la recesión, incidió en que en España «podría exigirse algo más de rapidez» en las reformas económicas para salir de la crisis.
Regulación «más eficiente»
No en vano, su conferencia estuvo dedicada a explicar cuál es la necesidad de las reformas estructurales fundamentalmente en un periodo de recesión. «Hay poco margen para políticas de demanda y fiscales. Fundamentalmente, para luchar contra la crisis, se requieren reformas estructurales». Y lamentó que ese concepto se haya equiparado con una «palabra maldita» por la reestructuración del mercado laboral, que tanta controversia arrastró.
Así, sostuvo que «la del mercado del empleo puede ser una de las reformas estructurales, pero hay muchas más, como la que está prevista, pero que no termina de andar por el peso de los “lobbys”, sobre los colegios profesionales». «Las políticas de liberalización constituyen una expresión de las reformas estructurales —reflexionó—. Y hay mucha tarea que hacer y nuestra labor en Defensa de la Competencia es proponer a quienes tienen el poder de regulación y normativo la realización de este tipo de reformas».
Explicó que el órgano que dirige busca alcanzar una regulación «más eficiente y favorable para el ejercicio de la actividad económica». Ahondó en la cuestión para reseñar que «nuestro papel es recomendar que desaparezcan barreras de entrada, requisitos desproporcionados para el ejercicio de determinadas actividades económicas o los inconvenientes para los usuarios». Y en esta última materia, puso ejemplos muy cercanos, como las dificultades para «cambiarse de proveedor de servicios telefónicos o energéticos».
También tuvo algún reproche para el papel de las comunidades y mostró su «temor» a que «muchas» de las páginas de las legislaciones autonómicas no favorezcan la libre competencia. Rápidamente, matizó que «no se trata de recortar poderes a las autonomías», sino de que asuman los principios de las reformas estructurales.
