Jueces, fiscales, abogados y funcionarios de Justicia coinciden en denunciar el «colapso» que sufren actualmente los juzgados cordobeses por el incremento del número de asuntos a resolver, por lo que reclaman a la Administración que incremente los medios materiales y humanos para hacer frente a tal avalancha.
El presidente de la Audiencia Provincial, Eduardo Baena, señaló que «nuestra sensación es que la litigiosidad se ha incrementado mucho en los últimos años por culpa de la crisis», algo que, según apuntó, se nota en una mayor sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales de primera instancia, el mercantil y los penales.
Muy crítico con la situación actual se mostró el juez decano, Luis Rabasa, quien destacó que el sentimiento dominante entre sus compañeros es de «desánimo» porque «el volumen de asuntos actual es muy importante, pero lo peor es que no para de crecer». Rabasa colocó a los gobiernos autonómico y nacional como grandes responsables de esta realidad. «No se observan avances ostensibles de mejora en la gestión de todo lo relacionado con la Justicia», aseveró.
Una opinión muy similar es la que mantiene el decano del Colegio de Abogados, José Luis Garrido. El representante de los letrados cordobeses destacó que «el colapso tremendo» que actualmente padecen los juzgados de la capital y de la provincia provoca que se señalen juicios con «bastante retraso». Desde su punto de vista, «no hay voluntad política de solucionar este asunto».
El fiscal-jefe de la Audiencia Provincial, José Antonio Martín Caro, se mostró crítico con la falta de medios humanos. «Si analizamos los datos de fiscales por población o por número de causas comprobamos que Córdoba es una de las provincias españolas con peores ratios», resaltó. Aseguró que su departamento lleva tiempo demandando la incorporación de 4 ó 5 fiscales para que Córdoba se sitúe en la media nacional.
Los funcionarios también se muestran muy molestos con la sobrecarga que sufren en la actualidad. El responsable de la sección de Justicia de CC.OO. en Córdoba, Vicente Baylina, afirmó que los trabajadores públicos están «desolados» porque se encuentran «sometidos a mucha presión».
Su homólogo en el sindicato CSIF, Diego Díaz, subrayó que lo peor se da en municipios como Montoro o Baena, donde las plantillas «son las mismas que hace 30 años».
El representante de SPJ-USO, Domingo Castillo, criticó a la Junta por no haber convocado desde enero las mesas de negociación
La Ciudad de la Justicia es considerada por el sector de Justicia como una infraestructura «imprescindible». Sin embargo, la previsión del Gobierno andaluz de que la primera piedra de este complejo no se colocará hasta 2012 supone un nuevo jarro de agua fría para los funcionarios.
