El Partido Popular tachó ayer de «tomadura de pelo» la situación que sufren los operadores jurídicos ante los continuos retrasos de la Ciudad de la Justicia y la falta de medios para frenar el colapso de los órganos de la provincia. Por eso, va a pedir la comparecencia del nuevo consejero del ramo —el sexto en sólo tres años—, Francisco Menacho, para que aporte una explicación al respecto.
Así lo puso ayer de manifiesto el parlamentario andaluz del PP de Córdoba Salvador Fuentes, que criticó la falta de «voluntad política» para hacer realidad el complejo que agrupará a todos los juzgados de la capital. «Este es el mayor ejemplo de indolencia de un gobierno socialista al anunciar a bombo y platillo la Ciudad de la Justicia en Córdoba desde 2004-05 y no haber cumplido», dijo Fuentes, que reprochó a la entonces alcaldesa de Córdoba por IU, Rosa Aguilar, que hablara de un proyecto «bello, funcional y pragmático» y en la actualidad «sólo hay un solar lleno de jaramagos».
Para el parlamentario popular resulta «impresentable» que la Junta, «que no llega a final de mes», presente de nuevo «una infraestructura que no va a hacer».
Y es que para Fuentes el gobierno autonómico «no cumple con lo prometido» porque «se ha gastado el dinero en lo que no debía» y ahora «es imposible de la Ciudad de la Justicia salga adelante».
En cuanto al atasco de asuntos, tal y como avanzó ABC, el parlamentario apuntó la necesidad de plantear soluciones «ante el déficit de personal y material» que está provocando un crecimiento imparable de los procedimientos sin resolver.
«Coletazos» negativos
Por su parte, su homóloga María Jesús Botella reprobó a la Junta que haya convertido en un «pasillo de comedia» a la Administración de Justicia, por la inadmisible sucesión de titulares que está protagonizando últimamente.
«El PSOE ha dilapidado la confianza de los ciudadanos y se le ha acabado el tiempo», apuntó Botella, que lamentó que «los últimos coletazos de los socialistas en Andalucía estén afectando de manera directa al servicio de la justicia».
En este sentido, la parlamentaria reprochó al Gobierno autonómico que «gaste 600.000 euros anuales en alquilar oficinas y sedes judiciales en vez de haberlos empleado en la construcción de la Ciudad de la Justicia, tal y como estaba previsto en el Plan de Infraestructuras Judiciales de 2001».
Por otro lado, Botella criticó el plan de refuerzos que se puso en marcha el año pasado. «Fue un parche como otros tantos a los que nos tienen acostumbrados que no solucionan el problema de fondo, ya que lo que hace falta son plantillas bien dimensionadas».
Cabe recordar, tal y como publicó este periódico, que el pasado ejercicio se quedaron en proceso de trámite la friolera de 34.742 causas; representan un 57,9% de asuntos más que hace un lustro, cuando la cifra de procedimientos apenas superaba los 22.000.
En cuanto a las jurisdicciones, la Civil se lleva la peor parte. Sus órganos cerraron en diciembre con 17.685 causas gestionándose. Y, a pesar de todo, no es un número alarmante teniendo en cuenta la desorbitada cantidad de asuntos que ingresaron a lo largo de todo el año: 28.922.
Por su parte, los juzgados de lo Penal no lo tienen mucho mejor. Al concluir el citado periodo quedaron sin resolución 12.391 causas, según el Consejo General del Poder Judicial.
