La maquinaria de reforma de menores delincuentes, a cargo de la Administración autonómica, ejecutó durante el pasado ejercicio 1.184 medidas judiciales, según se desprende de la Memoria de Justicia Juvenil, elaborada por la Junta de Andalucía.
En cuanto al número de infractores atendidos, el informe recoge que ascendieron a 840, lo que representa un 7,6 por ciento menos que en 2009, cuando fueron 910 los malhechores imberbes condenados.
Volviendo a las medidas interpuestas, prevalecieron las de medio abierto —1.069— frente a las restrictivas de la libertad, de las que se contabilizaron 115.
En cuanto a la tipología de los delitos cometidos, destacan por encima de todas las lesiones, que dieron lugar a 192 penas; los robos con fuerza (181 medidas) y los malos tratos de hijos a padres, con 167. A este respecto, la fiscal delegada de Menores, Carmen Rubio, ya apuntó en una entrevista concedida a este periódico, que «en estos casos es necesario dar una respuesta ágil, rápida y contundente, imponer límites para frenar este tipo de comportamientos y evitar su generalización, así como intervenir también con la familia. A los padres les cuesta mucho denunciar a sus propios hijos».
Llama la atención la heterogeneidad en el perfil de estos agresores. Por ejemplo, «hay muchos menores que únicamente utilizan la violencia con su familia. Tienen buenas notas, pero a veces son personas maltratadoras y manipuladoras. También se dan casos de niños que no han tenido una educación adecuada, que deja mucho que desear», apuntó Rubio.
Volviendo a la Memoria de Justicia Juvenil, además de las medidas de internamiento, también se aplicaron durante el pasado ejercicio otras como tareas socioeducativas (100); convivencia con un grupo educativo (80); libertad vigilada (460 medidas) y prestaciones en beneficio de la comunidad (221).
Jornadas sobre reforma de la contratación administrativa
La Asociación de Letrados de Entidades Locales de Andalucía celebrará los próximos 12 y 13 de mayo en el hotel Alfaros las jornadas «La reforma de la contratación administrativa». Tienen como objeto el estudio de las reformas habidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y sus disposiciones reglamentarias. Están dirigidas a letrados de los servicios jurídicos de ayuntamientos y diputaciones, funcionarios con habilitación de carácter estatal y funcionarios licenciados en Derecho pertenecientes a las diferentes subescalas administrativas, así como a abogados en ejercicio. La cuota de inscripción y participación es de 200 euros.
