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Fontanar de Quintos está pendiente de su regularización
IU utilizó ayer la Gerencia de Urbanismo para apuntarse un tanto de precampaña en las parcelaciones legalizables. Los propietarios en núcleos reconducibles no tendrán que presentar un aval del 7% del coste del proyecto de urbanización que estime su plan parcial —pieza de ordenación urbanística— para constituir la junta de compensación, primer paso para poder ejecutar dichas obras de urbanización. Desde ya Urbanismo sólo solicitará, para ello, una garantía personal, como acreditar unos ingresos. Pese a que el problema viene de largo y la propia IU reconoce que ha supuesto un «parón» en el proceso de legalización de parcelas, ha hallado la solución a 36 días de las elecciones.
El edil de Urbanismo, Francisco Tejada, hizo el anuncio. Primero, recordó que hasta hace dos o tres años —o sea, hasta el estallido de la crisis— para los miembros de las juntas de compensación, incluidas las «no profesionales» —en alusión a las de los parcelistas—, era fácil lograr el aval del 7% del coste del proyecto de urbanización para poder constituirse como tal. Por el contrario, siguió, ahora hay mayor dificultad para obtener el citado aval, sobre todo para los «promotores no profesionales».
Como sin la constitución de este órgano de propietarios, no se puede llegar a realizar las obras de urbanización, continuó Tejada, detectaron un «parón» en el proceso de regularización de las parcelaciones ilegales. Argumentó que los dueños no «podían obtener el aval del 7% porque los bancos no financiaban» sobre unas fincas o parcelas que no podían inscribirse en el Registro de la Propiedad.
Más actividad
Para «desbloquear» esta situación, «de acuerdo con la legislación vigente» que fija unas «garantías» del 7% del coste del proyecto de urbanización que hasta ahora se solicitaban mediante aval o fianza, se permitirá que dichas garantías se puedan ejecutar por otra vía: el «afianzamiento personal» de cada propietario. Tejada aclaró que el dueño debe acreditar ante la Gerencia de Urbanismo que «obtiene rentas o tiene bienes» por un valor superior a la parte alícuota que deba aportar. Y puso como ejemplos de documentos que serían válidos una declaración de la renta o la escritura de propiedad de una casa.
Añadió que «esta medida puede suponer un impulso importante» al proceso de regularización de las parcelas ilegales. No en vano, profundizó, «bastantes» núcleos que el PGOU prevé como reconducibles de suelo urbanizable a urbano «habían encallado en este punto». «La inmensa mayoría», sostuvo, se han quedado estancadas en la constitución de su junta. Sin ella, no se pueden aprobar los planes de reparcelación y urbanización, imprescindibles para que empiecen los trabajos. Añadió que «sólo tres o cuatro han logrado aportar los avales con mucha dificultad».
De hecho, el proceso de regularización va a paso de tortuga. El grueso de los núcleos a legalizar —en Poniente y Levante— suman 22 planes especiales. De ellos sólo 11 tienen la aprobación definitiva, requisito previo a constituir la junta de compensación. Tejada no reparó en estas cuestiones. Se concentró en resaltar que esta medida permitirá «culminar» el proceso de regularización de las parcelaciones y, además, «incrementará la actividad económica con la urbanización de las distintas parcelaciones». Eso sí, las juntas de compensación, recordó, una vez que vayan a iniciar las obras, deberán «aportar la garantía del 7% del coste del proyecto de urbanización definitivo, con aval o fianza».
Con la ventaja, matizó, de que en ese momento, con los proyectos de parcelación y urbanización aprobados, las parcelas ya estarán inscritas en el Registro de la Propiedad y «pueden ser objeto de gravamen a través de una hipoteca».
