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Alumnos de Secundaria durante una clase
Un nuevo cambio de rumbo educativo y un nuevo rechazo de los docentes. Las modificaciones previstas por la Consejería de Educación en la nueva orden del Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares —el conocido como plan de los 7.000 euros— no son del agrado de los docentes, quienes consideran que el cambio de la normativa es una táctica de la Junta de Andalucía para sortear el rechazo masivo que ha suscitado el programa en sus cuatro convocatorias.
Eso es al menos lo que piensan de la decisión de la Junta por la que serán los consejos escolares y no el claustro de profesores, como ocurría hasta ahora, quienes decidan sobre si el centro se adhiere o no al plan de calidad. Así lo anunció el pasado 14 de abril el titular de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, quien ante el Parlamento andaluz justificó el cambio en el sistema de votación alegando que el consejo escolar es el encargado de aprobar el Plan de Centro y que el programa de calidad forma parte de éste. Álvarez de la Chica también avanzó en sede parlamentaria que la nueva orden tiene en cuenta las consideraciones expresadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el fallo que anuló el plan de calidad a raíz de los recursos presentados por CSIF y Ustea, y que ha sido recurrido por la Junta.
Los sindicatos aún no se han pronunciado oficialmente sobre los cambios introducidos en la nueva orden —aunque Ustea sí ha mostrado su rechazo—, ya que están a la espera de que la Administración educativa remita el borrador a la mesa sectorial. Sin embargo, fuentes sindicales adelantaron a ABC que el giro de la Junta no será aceptado. «Van a trasladar al consejo escolar una decisión que afecta exclusivamente al profesorado, encargado de desarrollar las medidas del programa de calidad, y todo porque se han encontrado con el rechazo frontal de los docentes. Pasarlo al consejo escolar —en el que están representados docentes, personal de administración, padres y alumnos— es un atajo para conseguir sumar más centros al plan y salvar su propuesta estrella», apuntó una representante sindical. Las mismas fuentes lamentaron que, una vez más, los sindicatos conozcan de las decisiones de la Consejería de Educación por los medios de comunicación.
Aumento del presupuesto
Otro de los aspectos incluidos en la orden que no convence a los representantes del profesorado es el compromiso de aumentar en un cinco por ciento el presupuesto de los colegios e institutos que se sumen al plan y mejoren sus resultados académicos. Los representantes de los docentes comparan esta medida con el «soborno» aplicado en la anterior orden del programa por la que el que los centros acogidos al plan tuvieron prioridad en el aumento de personal docente. «Parece que la Administración olvida que no todos los centros parten de la misma base y que cada colegio e instituto tiene una realidad socioeducativa diferente», añadieron las fuentes consultadas. «Con esta postura la Junta vuelve a castigar a unos centros y a privilegiar a otros, cuando lo que hay que hacer es garantizar que todos cuenten con los recursos necesarios», añadieron. Sobre este aspecto sí se ha pronunciado el sindicato Ustea, quien señaló que el consejero de Educación «se ha convertido en un fiel defensor de las políticas ultraconservadoras y neoliberales en materia de educación anunciando que va a ligar los resultados académicos a la financiación de centros y a los sueldos».
El plan de los 7.000 euros fue presentado por la Junta de Andalucía en 2008 como su medida estrella contra el fracaso escolar y los bajos indicadores educativos de Andalucía en las evaluaciones internacionales. La propuesta consiste en primar a los profesores con 7.000 euros por mejorar los resultados académicos de sus alumnos en el plazo de cuatro años. Un criterio que mantienen en la nueva normativa. La medida fue inmediatamente rechazada por todos los sindicatos, a excepción de Anpe, CCOO y Fete-UGT.
Los críticos consideraron entonces, y mantienen ahora, que la Consejería de Educación responsabiliza a los docentes del fracaso escolar en Andalucía y se limita a comprar aprobados con un plan de incentivos. En contrapartida, estos sindicatos proponen a la Junta medidas de calidad como la reducción de ratio (alumnos a por aula) y la contratación de más docentes. Acciones contempladas en el acuerdo de marzo de 2007 para el desarrollo de la Ley de Educación de Andalucía (LEA), que la Junta de Andalucía ha incumplido sistemáticamente. Hasta la fecha, las cuatro convocatorias del plan se han saldado con 1.788 centros inscritos, un 52 por ciento de los colegios e institutos andaluces, según la Consejería de Educación.
En el caso de Córdoba, la provincia ha liderado el rechazo al programa en la comunidad y es la segunda con menos colegios adheridos a la iniciativa por detrás de Huelva. En total, 122 centros cordobeses están inscritos en el plan, lo que representa el 25 por ciento de los centros educativos no universitarios de la provincia. En la última convocatoria, celebrada este otoño, estaban llamados a votar 366 centros cordobeses. De ellos, sólo 15 dijeron sí a la propuesta y la mayoría ni siquiera convocó las votaciones, conscientes de que la propuesta volvería a ser rechazada.
