EL análisis del fracaso español en el pulso que mantiene sobre el aceite de oliva se debe hacer desde dos perspectivas diferentes, la política y la económica. Desde el punto de vista económico, es cierto que hay un procedimiento regulado para la puesta en marcha de las ayudas al almacenamiento privado de aceite. Es necesario que los precios bajen hasta el nivel de desencadenamiento para que Bruselas active esta medida. En este sentido la Comisión se mantiene firme. El problema es cuando los precios no llegan a alcanzar este nivel pero se mantienen próximos durante un periodo largo, que es lo que está sucediendo en España; más aún cuando los precios de desencadenamiento son desproporcionadamente bajos.
La gestión del MARM y de la nueva Ministra, Rosa Aguilar, ha sido desalentadora. Hay que recordar que se esperaba que Ciolos anunciara su puesta en marcha en su viaje a España, pero dejó a todos con un palmo de narices. El siguiente paso debería ser una gestión política a más alto nivel. El sector del aceite de oliva es relevante en España, y una apuesta firme y visible por parte del equipo de Zapatero podría haber desatascado el asunto. Uno se puede plantear si la puesta en marcha de una medida de mercado tan concreta merece la participación de tan altas instancias. En circunstancias normales quizás no, pero dada la situación actual del sector y la imagen de cierto desapego del equipo presidencial, podría mostrar un cambio de actitud y una puesta en valor por parte del gobierno. Tampoco esta vez ha sido así.
Los últimos datos del Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva muestra como desde hace un año el precio del aceite virgen extra ha caído un 8,9 por ciento, los vírgenes un 4,8 por ciento y los lampantes perdieron 1,8 puntos.
