Aunque parezca extraño resulta alentador ver el panorama del proceso concursal para los equipos de Segunda. Además de recibir un saneamiento importante de su economía, algunos han recibido un impulso casi definitivo a la hora de establecer las trazas de su nuevo proyecto. De hecho, más de uno ha dado el salto a Primera División y también ha conseguido fraguar una venta. Entre otros, estos han sido los casos del Málaga, la Real Sociedad, el Sporting de Gijón o Levante. Incluso, hay ejemplos muchos más cercanos, ya que el Betis y el Rayo Vallecano se han acogido a la normativa esta temporada en la que ambos van lanzados hacia la máxima categoría del fútbol nacional. Eso sí, también hay casos como los del Albacete, que está virtualmente condenado al descenso, o el Deportivo Alavés, que intenta limpiarse desde Segunda B.
Para el Córdoba se presenta una nueva situación en la que existen circunstancias ventajosas y otras que pueden generar muchas dudas. Obviamente, el tiempo dejará a las claras si la medida resultará efectiva o no para la entidad blanquiverde. De momento, los pasos están dados por parte del consejo.
A favor
Una de las medidas que más preocupan entre los aficionados es el proyecto de ley establecido hace unos meses en el que los clubes que se sometan al proceso concursal podrían perder la categoría en el caso de no satisfacer su deuda con los futbolistas antes del 31 de julio, como se establece en la jurisdicción deportiva española. Esta propuesta, ya en trámite, llegó a petición de distintos entes como Hacienda, Seguridad Social, la AFE o algunos clubes que hasta la fechan han cumplido con escrupulosidad sus compromisos de pago. Sin embargo, tal propuesta aún no tiene vigencia. Por lo tanto, el Córdoba no está en el riesgo de descenso administrativo. Sin duda, esto ha propiciado que desde el consejo de administración se haya tomado la decisión de acuerdo con Prasa.
De hecho, ya se han dado casos en los que los jueces y administradores han recomendado que no descendiera un equipo por hacer viables los proyectos deportivos. Aun así, el sindicato de futbolistas ya ha anunciado que este verano ejecutará reclamaciones mercantiles y deportivas, independientemente de las resoluciones que se tomen desde los juzgados.
De acuerdo con estas necesidades de los clubes, los responsables judiciales también procederán a levantar los embargos que actualmente han sido ejecutados por la administración pública con el fin de que las entidades tengan liquidez a la hora de afrontar sus compromisos de pago. De esta forma, el Córdoba se verá beneficiado al recuperar, entre otros, el dinero que tiene pignorado procedente de los derechos de televisión. Por supuesto, esto da pie a que se puedan poner al día de cobro los componentes del personal deportivo y administrativo de la entidad.
Asimismo, también se puede aprovechar de la coyuntura a la hora de proceder a los fichajes durante el mercado estival. El pasado mes de enero, el Córdoba tenía bloqueada la opción de dar de alta a nuevas incorporaciones al contar con denuncias del Real Madrid, por el impago del traspaso de Agus, y de algunos futbolistas por no pagar sus finiquitos.
Y, por supuesto, la propiedad sigue teniendo la potestad de negociar la posible venta de la sociedad en su totalidad o en una parte. Por ejemplo, así sucedió con el Málaga, que casi vio finalizado su proceso concursal antes de proceder a un cambio de manos.
Por cierto, que una vez superado y cumplido el proceso, la empresa no tendría problemas para someterse nuevamente a otro concurso.
En contra
Por supuesto, todo lo que supone entrar en un concurso de acreedores no se puede dar como ventajoso. La primera medida pasa por llegar a un acuerdo con los acreedores a la hora de establecer el plan de viabilidad. El plazo que se suele establecer en este tipo de casos es de cinco o seis años, si bien el Córdoba ha optado por llegar a los ocho con el fin de combatir de este modo las dificultades económicas que va a atravesar. Ese convenio, por supuesto, debe contar con la aprobación del titular del Juzgado de lo Mercantil y los acreedores, que tienen un plazo de un mes para inscribirse en el momento que se admita el concurso.
Y no será en lo único en lo que dependerá directamente de las instancias judiciales. Por lo pronto, el responsable máximo deberá estudiar cuáles son las facultades del concurso para establecer hasta qué punto el consejo de administración del club tendrá una capacidad de decisión. En este caso, al ser voluntario, se supone que los rectores de la entidad blanquiverde dispondrán de una mayor autonomía en la nueva gestión.
Eso sí, que las costas de los administradores judiciales correrán a cargo de la entidad. Al mismo tiempo, estos tendrán una potestad para establecer si un jugador puede ser rentable en función de la economía. En más de un club, se ha procedido a despidos si los profesionales no se han ajustado a un tope salarial. Eso sí, lo normal es que los contratos firmados con anterioridad se deban de respetar. Incluso, se da una circunstancia que puede tener efectos bancarios. En un principio, quedará más limitada la capacidad de crédito. Además, se mantendrán los intereses que se hayan generado durante el tiempo del proceso concursal.
Y, por supuesto, en el caso de que no se concluya con éxito el plan de viabilidad en el plazo previsto, la sociedad entraría en disolución.
POR A. D. JIMÉNEZ
CÓRDOBA
