El candidato de IU y primer edil, Andrés Ocaña, sostuvo ayer que la obra de las naves de Colecor, levantadas sin licencia en 2005 cuando él era edil de Urbanismo, no se paró porque se aplicó el «protocolo» ante infracciones urbanísticas: «Cuando es legalizable, no se precinta». Además, defendió que «no es necesaria una profunda reestructuración del sector público municipal», aunque cerró 2010 con una deuda de unos 110 millones.
Éstos fueron los grandes titulares que dejó su paso por «Estación Electoral», una serie de comparecencias de los alcaldables que organiza la Asociación de la Prensa. El salto al ruedo político del empresario Rafael Gómez ha devuelto al primer plano la edificación sin licencia en 2005 por una de sus firmas de las citadas naves. Sus 40.000 metros se alzaron y el Consistorio nunca paró los trabajos.
Pues bien, Ocaña argumentó ayer que el procedimiento seguido con esta obra fue el «adecuado y el establecido por el protocolo» municipal para infracciones urbanísticas y que no se precintó porque era «legalizable» —a día de hoy aún siguen los trámites para su regularización—. «La pauta en Urbanismo es que, cuando es legalizable, no se precinta y se le hacen, como se le hizo a Gómez, los apercibimientos y las órdenes de paralización que establece el protocolo, que heredé y que heredó quien me sucedió. Es bueno y lo siguen todos los ayuntamientos. Y si no para la obra, se le abre un expediente sancionador», reflexionó. Y se apoyó en que el procedimiento lo analizó la Fiscalía, sin detectar nada anómalo.
Pero no despejó las contradicciones. Así, afirmó que, en su etapa en Urbanismo (2003-2009), «recuerdo que no se precintó» nunca una obra legalizable. Sin embargo, en febrero de 2006, ABC publicó que en el último año se habían ejecutado 30 precintos por obras ilegales. En algunas, el expediente señalaba que se había emprendido proceso de legalización. Además, su versión choca con la que dio el 27 de junio de 2005 la entonces alcaldesa, Rosa Aguilar. Tras varias semanas de obras en Colecor, dijo que, si no se paraban, se «precintarán». Ocaña tuvo amnesia al refrescarle estas declaraciones: «No las recuerdo».
Nuevo instituto social
Sí fue más categórico con las empresas municipales. Pese a acumular en 2010 una deuda a corto y largo plazo de unos 110 millones, defendió que «no es necesaria una profunda reestructuración del sector público municipal. Goza de muy buena salud». No obstante, repitió de nuevo que hay que crear un «sistema de provisión de compras y de servicios para todas las empresas que nos permita adquirir lo común a todas más barato».
Sonaba a la medida, incumplida, que propuso en 2003 Aguilar: desarrollar un órgano —el famoso holding— que fije «opciones de relación económica entre las empresas para que todas sean más fuertes y den mejor servicio». Pero Ocaña negó la similitud, pues, para lograr esta meta, «no crearemos ningún ente nuevo». Se trata, aclaró, de que en los estatutos de empresas y organismos autónomos exista la «cesión de suministros» de manera que «nos beneficiemos de un suministrador único» en combustible, papel o material de oficina. «Ahorraremos bastante», sentenció.
Precisamente, un organismo autónomo, un «instituto municipal», es lo que se comprometió a crear para gestionar los servicios sociales del Ayuntamiento. En esta materia, también impulsará un salario social para personas sin ningún ingreso, que se podrá percibir en un periodo por fijar.
