La Consejería de Obras Públicas hizo ayer piña con la postura del Ayuntamiento de Córdoba de permitir que algunas de las parcelaciones ilegales de la Sierra cordobesa (hasta una decena) tengan acceso a los servicios de luz, agua y depuración de aguas residuales, pese a que están dentro de un espacio protegido y del plan especial que impulsa Urbanismo sobre este sensible territorio para aumentar su protección.
«En aquellos casos de viviendas que no estén en suelo protegido, aunque no sean legalizables, nuestra apuesta es que, efectivamente, se les pueda dotar de luz y agua, de servicios básicos por razones de salubridad y medio ambientales, porque un pozo negro sólo no hace daño, pero muchos, sí», consideró la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, quien hizo un alto en Córdoba en su camino a Madrid para dar su apoyo al alcaldable socialista, Juan Pablo Durán.
Idénticas palabras
El pasado martes, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Francisco Tejada, ya realizó unas declaraciones idénticas a las de la consejera al considerar que «las parcelaciones de la Sierra que, según el PGOU, estén en suelo no urbanizable con parcelación podrán dotarse de medidas que permitan unas condiciones sanitarias adecuadas», y eso suponía «suministro de agua controlada, depuración de aguas residuales y, en su caso, suministro de luz y energía eléctrica».
Es más, la única medida prevista contra esas construcciones ilegales que se contempla es impedir que se amplíen, pero no se habla para nada de su derribo o legalización, al ser ambos casos incompatibles con el PGOU y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
La sustituta en el cargo de Rosa Aguilar incidió en que la Administración autonómica está impulsando ahora un decreto para que este tipo de parcelaciones acaben teniendo las mínimas medidas de salubridad, pero enmarcado en una filosofía de contar con un «modelo de ciudad en defensa de lo que llamamos ciudad compacta». Y eso implica que crezca en su entorno más inmediato, ya que, en palabras suyas, la dispersión de suministros resulta muy costosa a nivel económico y también medioambiental. Nada que ver con el diseminado y amplio término municipal de Córdoba.
No obstante, la responsable autonómica reconoció que se trata de un «proceso histórico» en el que Córdoba quizá ha sido de las ciudades y los municipios andaluces «donde más lo han sufrido», por contar con un término de los más extensos de la comunidad con un territorio no urbanizable muy alto.
Y también desnudó su opinión personal al considerar que «quien ha construido una vivienda ilegalmente mantiene una situación de injusticia respecto de aquellos ciudadanos que compran una casa en suelo urbanizable y, por tanto, han pagado todos los servicios y equipamientos que pone un ayuntamiento cuando construye ciudad».
Al margen de juicios propios, Cruz dio una mirada al PGOU cordobés que «me consta que se hizo con un esfuerzo enorme por parte de todos y cuando estaba de concejal de Urbanismo un socialista», para sentenciar que ahí todo lo que se podía legalizar está reconocido por el plan y todo lo que no se podía legalizar también está identificado. La propia Cruz era entonces directora general de Urbanismo en la Junta.
Al respecto, el Plan Especial de Protección y Ordenación de la Sierra de Córdoba (Pepsc), cuyas alegaciones se debatieron en el último consejo de la Gerencia de Urbanismo y fueron rechazadas casi en masa, incluye 24 parcelaciones ilegales existentes, que aglutinan entre 1.400 y 1.660 viviendas. Igualmente divide en dos grupos los asentamientos: uno primero con 14 parcelaciones irreconducibles y que no pueden acogerse a ninguna medida correctora y un segundo con otros 10 núcleos que pueden acogerse a planes de mejora del medio rural.
